El gobierno chileno de Michelle Bachelet anunció hoy que retirará de su tramitación en el Congreso tres leyes con correcciones al modelo educativo introducidas por la administración de su antecesor, Sebastián Piñera, a meses de lanzar su prometida reforma por una educación pública gratuita.
Se trata de proyectos de ley para mejorar el financiamiento de la educación superior, crear la Superintendencia de Educación Superior que supervise el sector y la Agencia Nacional de Acreditación, que garantice la competencia de las universidades.
Las iniciativas legales en esta materia del gobierno del derechista Sebastián Piñera «contradicen los principios y pilares de la reforma educacional propuesta por la Presidenta Bachelet», según el portavoz de la nueva administración, instalada el 11 de marzo.
Elizalde señaló que retirarán del trámite legisltativo dichas leyes porque «establecen estándares regulatorios insuficientes para mejorar la calidad de la educación en nuestro país» y «están concebidos bajo esta visión de que la educación es un bien de consumo y no un derecho social».
Tras las masivas marchas protagonizadas en 2011 por los estudiantes chilenos en demanda a un cambio en el privatizado modelo educativo heredado de la dictadura, Piñera accedió a rebajar las tasas de los créditos universitarios y a aumentar la regulación para asegurar más calidad, pero sin cambiar las bases del modelo.
Piñera también elevó los impuestos y destinó un mayor presupuesto a educación, medidas que fueron consideradas insuficientes por el movimiento estudiantil.
Bachelet, en tanto, se ha comprometido a enviar al Congreso en sus 100 primeros días de gobierno una reforma educativa que garantice calidad, gratuidad en la universidad, y el fin del lucro en escuelas subvencionadas.
El cambio en la educación es la base de su programa para lograr una disminución de los altos índices de desigualdad que ostenta Chile, un país que bordea los 20.000 dólares de renta por cápita. Para financiarla, el gobierno tiene previsto proponer una reforma tributaria que recaude 8.200 millones, equivalentes al 3% del PIB, a través de un aumento de los impuestos a las empresas del 20 al 25%, entre otras medidas. Es todavía una incógnita cómo Bachelet introducirá los cambios al sistema educativo y cómo estos afectarán a las universidades privadas y los colegios subvencionados, donde acude la mayoría de alumnos chilenos.
