El Gobierno de Colombia se retiró ayer de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la restricción de los derechos políticos en el país, vinculada al caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
La audiencia debía tratar de manera general sobre el marco jurídico y las prácticas en Colombia para restringir derechos políticos, pero la delegación de esa nación señaló que su intervención habría afectado la defensa del Estado en el caso contra Petro, actualmente en proceso ante la CIDH.
La Procuraduría colombiana destituyó e inhabilitó a Petro por 15 años, tras acusarlo de irregularidades. La CIDH le otorgó un amparo que fue rechazado por el Gobierno.






