La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó hoy a Japón que «revoque» los permisos de caza de ballenas en la Antártida porque no se ajustan a los «fines científicos» exigidos por la legislación internacional.
«Por 12 votos a 4, la Corte decide que Japón tendrá que revocar cualquier permiso o licencia relacionado con Jarpa II y evitar pedir otros permisos en el contexto de ese programa», anunció el presidente de la CIJ, Peter Tomka, en la lectura del fallo.
Los jueces estimaron que los permisos concedidos a Japón en el marco del programa Jarpa II, cuya primera fase empezó en 2005, «no se ajustan a las provisiones contenidas en el artículo VIII» de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena (ICRW, por sus siglas en inglés).
Ese convenio únicamente permite la caza de ballenas en el caso de que persiga fines científicos o de que sea para la subsistencia de la población aborigen.
Los magistrados estimaron que si bien el programa de investigación nipón contiene «objetivos científicos», su puesta en práctica se ha hecho de una manera «poco transparente».
Esa falta de transparencia se aplicó especialmente en la elección del tamaño de la muestra de cetáceos, que incluye, por temporada, la caza de 850 ejemplares de rorcual aliblanco, 50 de ballena jorobada y 50 de rorcual común, expusieron los magistrados.
Japón no ha podido «explicar» las razones por las que aumentó el tamaño de la muestra respecto a la primera fase de su programa científico, ni por qué incluyó otras dos especies de cetáceos en el mismo, añadieron.
«La medida no es razonable en relación a la consecución de los objetivos», concluyeron los jueces en su fallo.
Tokio ha mantenido que su programa de caza de ballenas perseguía, entre otros fines, un control permanente del ecosistema y de la población de esos cetáceos.
Australia, que demandó a Japón ante la CIJ en mayo de 2010, sostenía que las capturas niponas perseguían fines comerciales, pero los jueces se limitaron a determinar que esos objetivos «no son científicos», como exige la legislación internacional, sin precisar de qué tipo se trata.
Tokio abandonó la caza de ballenas en 1986 por una moratoria internacional, pero la retomó posteriormente bajo un programa con fines científicos (JARPA) autorizado por la comisión ballenera, a pesar del escepticismo de muchas asociaciones y países.
Australia basó su demanda en la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena, firmada para promover la conservación de estos mamíferos y desarrollar la industria ballenera de manera sostenible.
Para las autoridades australianas, Japón transgrede específicamente su obligación de cumplir el mandato de moratoria total de la caza con fines comerciales que entró en vigor en 1986.
Durante las audiencias orales, que se celebraron entre junio y julio de 2013, Australia también criticó que el programa de investigación japonés tenga un carácter indefinido, basándose tan sólo en «el control de los cambios en el ecosistema antártico».
La decisión de la CIJ, que es vinculante y las partes ya se han comprometido a cumplirla, tiene especial importancia porque además de solucionar la disputa entre las partes, crea un precedente que servirá como marco jurídico para la interpretación de la ICRW.
La demanda de carne de ballena en Japón ha descendido drásticamente entre 1962 y 2009, y el número de toneladas para consumo ha pasado de 230.000 a 4.200 en ese periodo.
