El Gobierno de Japón dijo hoy que «estudia cuidadosamente» el fallo de la Corte de Justicia Internacional (CIJ) que le obliga a suspender su programa de caza de ballenas en el Mar Antártico y, aunque acata la decisión, dejó la puerta abierta a futuros programas.
«Las ballenas son una importante fuente de alimentación, como cualquier otra especie marina. Japón mantiene su posición para continuar usándolas de una manera sostenible y con fines científicos», aseguró hoy el ministro nipón de pesca Yoshimasa Hayashi.
El ministro apuntó además que el Gobierno estudiará «de manera cuidadosa el fallo y pronto decidirá cómo responder a la prohibición del CIJ».
Japón ha mantenido hasta ahora dos programas de captura de ballenas con fines científicos en el Océano Antártico y el Pacífico Norte, además de la pesca comercial de especies más pequeñas de cetáceos, incluidos defines, en sus costas.
De este modo, Hayashi no descartó hoy la posibilidad de que Japón proponga un nuevo programa científico, cuyas características difieran de las actuales, para pescar en la Antártida.
Desde 1987 Japón ha capturado un media de 400 ballenas cada año en el Océano Antártico, según los datos de la Agencia nipona de Pesca.
En 2005 estableció un objetivo anual de 935 piezas y los balleneros capturaron un total de 853 ese año y 679 en 2008.
Sin embargo, sus capturas anuales se desplomaron hasta 103 en 2012 debido, según el Gobierno nipón, a las actividades de los grupos ecologistas contrarios a la caza de esta especie.
Tokio siempre ha asegurado que su programa de caza de ballenas en la Antártida perseguía, entre otros fines, un control permanente del ecosistema y de la población de esos cetáceos, lo que le permitió llevar a cabo esta práctica con el permiso de la comisión ballenera.
Sin embargo, sus argumentos siempre causaron el escepticismo de muchas asociaciones y países, como Australia, que demandó a Japón ante la CIJ en mayo de 2010, ya que sostenía que las capturas niponas perseguían fines comerciales.
El fallo de ayer aseguraba que Japón no había sido capaz de justificar los fines científicos de su programa de caza y acusó al país asiático de violar la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena, firmada en 1946 para promover la conservación de estos mamíferos.
Tras conocerse la sentencia, la delegación nipona en La Haya dijo que aunque Japón está «decepcionado y lamenta» el fallo, «lo acepta porque tiene la obligación de cumplirlo, ya que es vinculante».
Sin embargo, no especificó en qué pasos concretos por parte de Tokio se traducirá el fallo, «porque tenemos que estudiar el largo fallo antes de determinar acciones concretas».
