Reconocido como un político de grandes cualidades, pero también criticado por sus actitudes polémicas, el expresidente Alan García volvió esta semana al centro del debate en Perú después de que un fallo judicial anulara una investigación legislativa en su contra.
García resultó beneficiado con la anulación de la investigación de una comisión del Congreso sobre su segundo gobierno (2006-2011), lo que hizo recordar resoluciones que hace años también cerraron investigaciones por denuncias sobre su primera gestión (1985-1990).
En el último caso, el juez del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Hugo Velásquez, anuló el lunes el informe de una comisión del Congreso que investigó las presuntas irregularidades, con el argumento de que no se precisó «de manera puntual la conducta ilícita y presunto delito y/o infracción constitucional» que habría cometido el exmandatario.
En diciembre pasado, la comisión legislativa había acordado recomendar que se acuse a García por una presunta infracción constitucional por los indultos otorgados a cientos de presos, decenas de ellos por narcotráfico.
El informe también incluyó investigaciones sobre un presunto espionaje telefónico, así como supuestas irregularidades en la construcción de colegios y un programa de saneamiento.
Tras conocerse la decisión, García utilizó las redes sociales, en las que tiene una activa presencia, para afirmar que había prevalecido la justicia ante la arbitrariedad política y acusar directamente al presidente Ollanta Humala de estar detrás de la investigación en su contra.
La decisión judicial encendió el debate de inmediato, ya que los representantes del Congreso salieron al paso para asegurar que defenderían sus fueros y denunciar que el juez había cometido una infracción constitucional al entrometerse en las labores de otro poder del Estado.
Tanto el presidente del Parlamento, Fredy Otárola, como el presidente de la comisión investigadora, Sergio Tejada, ambos oficialistas, anunciaron que apelarán la decisión y buscarán que prosiga la investigación legislativa.
Humala tampoco fue ajeno al tema y mostró su extrañeza por el hecho de que la resolución se comunicó cuando los trabajadores administrativos del Poder Judicial se encuentran en huelga.
La alcaldesa de Lima, la izquierdista Susana Villarán, consideró por su parte que «la historia se repite» en este caso, en alusión a las otras ocasiones en que García evitó que se le investigue por denuncias contra su primera gestión (1985-1990), muchas de las cuales ya prescribieron.
«Es exactamente lo que sucedió al final de la década de los ochenta y los primeros años de los noventa, y fue una de las razones por las cuales ocurrió el golpe de Alberto Fujimori (en 1992)», comentó Villarán.
A inicios de los años 90, y también en 2007, sendas decisiones de la Fiscalía archivaron las investigaciones que se iniciaron contra García por su presunta responsabilidad en la llamada «matanza de El Frontón», el penal ubicado en una isla frente al Callao, donde en 1986 murieron 133 presos por terrorismo que se habían amotinado.
El polémico exmandatario también logró salir airoso a inicios de los años noventa de los intentos de acusarlo en el Congreso por presuntas irregularidades y actos de corrupción durante su primer gobierno, en el que se desencadenó una profunda crisis económica, con una inflación de más de 7.000 %, y el terrorismo golpeó duramente al país.
Sus opositores consideran que esas decisiones solo confirman el poder y la influencia que tiene García en la Judicatura, aunque los seguidores del exmandatario señalan que ha sido exculpado de todas las acusaciones que se le hacen.
Alan García afirma que, en realidad, el gobierno de Humala busca inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo público y, de esa manera, impedir que se presente a las elecciones presidenciales de 2016.
El líder del Partido Aprista Peruano asegura que Humala busca una «reelección conyugal», en alusión a un supuesto interés en lanzar la candidatura de la primera dama, Nadine Heredia, algo que la esposa del gobernante ha negado y ha respondido que el exgobernante aspira a una «reelección vitalicia».
