Los nacionalistas catalanes mantienen su rumbo hacia el referéndum de autodeterminación buscando otros «marcos legales» después del rechazo masivo del martes del Congreso español al proyecto.
El voto del Congreso de los Diputados «no es un punto y final, esto es un punto y aparte», contestó inmediatamente desde Barcelona el presidente nacionalista de Cataluña, Artur Mas.
«A partir de este ‘no’ doloroso, las instituciones catalanas buscarán la construcción de marcos legales, que hay varios, para poder celebrar esta consulta» prevista para el 9 de noviembre, afirmó.
Los legisladores españoles rechazaron -por 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención- una petición del Parlamento regional catalán para que le fuera transferida la capacidad de organizar consultas.
Tanto el Partido Popular (PP, conservador, en el poder) como el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) votaron en contra de la petición catalana.
«Si las leyes se utilizan para negar la realidad, no conseguirán evitar la realidad y enquistarán un problema», advirtió Mas el miércoles desde el parlamento regional.
Aunque la negativa estaba anunciada, la prensa había especulado con la posibilidad de que el Gobierno español abriera alguna vía de diálogo con Cataluña. Según Madrid, que invoca la Constitución de 1978, un referéndum separatista solo podría celebrarse si en él votaran todos los españoles.
Sin embargo, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, solo ofreció a los nacionalistas catalanes la opción de pedir una reforma de la Constitución, que consagra el «carácter indisoluble» de la nación española. «Quien quiera que España se disuelva (…) ha de emprender el camino de la reforma constitucional», afirmó Rajoy, aunque sin precisar si estaría dispuesto a aceptar dicha modificación.
«El diálogo no encuentra vía», apuntaba el diario catalán La Vanguardia, en cuya portada titulaba: «Oportunidad perdida».
También Mas sostuvo el martes que «se ha perdido una nueva oportunidad», pero advirtió que «la voluntad del pueblo de Cataluña no la puede detener una votación en el Congreso».
«Choque de trenes»
Mas, que se presentó a las elecciones regionales con la promesa de celebrar dicho referéndum, se ve presionado por el segundo partido regional, los independentistas de izquierdas de ERC, e influyentes entidades como la Asamblea Nacional de Cataluña, que insta a declarar la independencia en abril de 2015.
«Somos fieles a la voluntad democrática de los ciudadanos y esperamos del gobierno el mismo compromiso», proclamó el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Sin embargo, el margen de maniobra del gobierno catalán es cada vez más estrecho.
«Desconvocar un referéndum desencadenaría unas elecciones anticipadas en la región que darían probablemente un fuerte resultado a los radicales independentistas de ERC, un escenario que no interesa ni al gobierno catalán ni al español», advertía este miércoles un informe de los analistas de Citi Research.
«Lo más probable es que el gobierno catalán mantenga su intención de celebrar un referéndum, aunque no sea vinculante ni reconocido», añaden.
Tras el «no» del Congreso, los nacionalistas aprobarán una ley catalana de consultas bajo la cual convocar la votación. Es la única de las cinco propuestas legales lanzadas en 2013 por un consejo asesor del gobierno regional que no requiere acuerdo con Madrid.
El estatuto de autonomía de Cataluña de 2006 permite a Mas convocar una consulta pero «solo sobre las competencias propias del gobierno catalán», entre las que no se encuentra la soberanía nacional, apuntó el catedrático en Derecho Constitucional Xavier Arbós.
Por lo tanto, es previsible que «el gobierno español la impugne de manera que quede automáticamente suspendida», añadió.
«Vamos hacia un choque de trenes, hacia un choque de legitimidades», auguraba el miércoles Maurici Lucena, diputado catalán del partido socialista, formación que propone elaborar una constitución federal en España.
El estatuto de autonomía de 2006 supuso precisamente un intento de convertir Cataluña en un estado federado, ambición histórica del nacionalismo, pero fue recortado notablemente por la justicia española en 2010, generando una profunda indignación en la región, que aun así goza de amplias competencias.
Esa resolución y la crisis económica española, que ha alimentado una sensación de maltrato económico de Madrid hacia Cataluña, marcaron un punto de inflexión en la región, que ha vivido un fervor nacionalista en los últimos años con un apoyo del 60% a la independencia en el último estudio publicado.
