Argentina resultó ayer paralizada por una huelga de 24 horas acatada por los transportistas, convocada por tres de las cinco centrales sindicales opositoras que reclamaron al gobierno de Cristina Fernández acciones contra la inflación y la inseguridad.
La medida de presión paralizó el transporte público, sector clave para que la protesta sindical tuviera éxito en este país de 40 millones de habitantes y con una de las mayores tasas de inflación en América Latina: más del 7% en el primer bimestre de 2014, según datos oficiales avalados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En 2013, la cifra se situó entre el 25 y 30%, de acuerdo con consultoras privadas. Los sindicatos que apoyaron la huelga van desde la centroderecha hasta la izquierda radical, y aunque con diferencias en sus formas de actuar, coincidieron en manifestarse contra la inflación y la inseguridad.
Pedido. Más de un millón de obreros, según cifras del ala opositora de la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal convocante, se adhirieron a la huelga. Los gremios piden aumento salarial por encima del 40% para evitar una pérdida del poder adquisitivo y un aumento del tope salarial exento del pago del impuesto a las ganancias, que involucra a quienes ganan más de 15.000 pesos mensuales (1.875 dólares).
Tras los levantamientos de cortes de rutas en varias partes del país, el líder de los camioneros Hugo Moyano, celebró “la alta adhesión” al paro como dirigente del sector opositor de la central obrera CGT, enfrentado con el ala kirchnerista que agrupa a gremios industriales, comercio, bancarios y docentes, que no se pliegan al paro.
“Señora Presidenta, presten atención a este mensaje de la gente, hay que dejar la soberbia y el maltrato permanente”, insistió Moyano, para quien el Gobierno debe “dar respuesta a los reclamos de la gente, la inseguridad, la inflación, la devaluación, el tope en la negociación salarial”.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, firmó una resolución que establece la quita proporcional de los subsidios que paga el Estado al transporte para aquellas empresas de ómnibus que se adhirieron a la medida, señaron fuentes oficiales.
Analistas percibieron esta huelga como un juego político para desafiar al mandato centroizquierdista de Fernández, confrontado también al descontento social por la inseguridad en las grandes ciudades. En las últimas semanas se registraron unos 12 casos de vecinos que intentaron hacer justicia por su propia mano.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que los bloqueadores “pretenden sitiar los grandes centros urbanos” con una metodología del Medioevo. “En la Edad Media los señores feudales impedían el acceso a la población. No hay lugar para la barbarie ni para medidas que conspiran contra el libre ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores”.
Aunque Fernández no tuvo ninguna huelga general en su contra durante su primer mandato (2007-2011), en su segunda y última etapa al frente de la Casa Rosada ha aumentado la conflictividad.
En noviembre de 2012, sindicatos encabezados por Moyano convocaron la primera huelga contra el Gobierno, que a fines de 2013 vio cómo se multiplicaron las protestas con un paro en la Policía y que tuvo que mediar en el conflicto docente que retrasó el inicio del curso escolar para más de tres millones de alumnos.
La medida en Buenos Aires
Capital
Piquetes apostados en los principales accesos a Buenos Aires bloquearon el paso a autos y protagonizaron los únicos incidentes de la jornada, que se saldaron con seis detenidos y un herido leve en enfrentamientos con la Policía en la carretera pa- namericana.
