El ingeniero colombiano Andrés Sepúlveda, capturado por supuestamente haber interceptado correos electrónicos del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC para perjudicar el proceso de paz, fue sancionado ayer con detención preventiva.
“Se le ha impuesto detención preventiva y no se aceptaron cargos por parte de él”, dijo el miércoles el abogado del acusado, Luis Alzate, a la prensa al salir de la audiencia de presentación de Sepúlveda. “No se aceptan cargos porque queremos conocer los elementos con los que cuenta la Fiscalía para establecer posteriormente su responsabilidad”, explicó.
El martes, las autoridades allanaron en Bogotá una oficina de espionaje ilegal desde donde presuntamente se interceptaban correos de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para perjudicar el proceso de paz que adelantan gobierno y guerrilla en La Habana (Cuba) desde noviembre de 2012, según informó el fiscal general, Eduardo Montealegre. “Se trata de un ingeniero que planeaba como uno de sus objetivos interferir en el proceso de paz y negociar con esta información”, dijo el funcionario. También “al parecer, a través de esta oficina, probablemente se interceptaron los correos del presidente” Santos, indicó.
Sepúlveda, único detenido por el caso, trabajaba desde esa oficina —y junto a varios familiares— en la campaña del candidato presidencial derechista Óscar Iván Zuluaga, quien aceptó la vinculación con el ingeniero pero reprobó “cualquier actividad ilegal”.
Zuluaga es miembro del partido Centro Democrático, fundado por el exgobernante Álvaro Uribe (2002-2010), un férreo opositor a los diálogos de paz con las FARC. Ayer, Montealegre reiteró sin embargo que su despacho no maneja la hipótesis de que quien “estaba haciendo las interceptaciones ilegales lo estuviera haciendo para el candidato” Zuluaga.
Montealegre, quien puntualizó que en el allanamiento se llevaron nueve computadoras y cinco discos duros, también dijo que —según información preliminar— Sepúlveda habría cobrado hasta 100 millones de pesos (unos $us 52.000) por el material interceptado. El fiscal ya había asegurado el martes que Sepúlveda tendría motivaciones económicas e “ideológicas” para las interceptaciones.
Antecedentes. En febrero también fue desmantelado en Bogotá un centro de escuchas supuestamente ilegales de Inteligencia militar, desde donde se espió a delegados de paz del Gobierno en Cuba y periodistas que cubren las negociaciones con las FARC. El caso precipitó la salida de dos altos rangos de Inteligencia del Ejército colombiano y continúa en la fase de investigación.
Las FARC expresaron a raíz de ese primer caso sentir “gran desconfianza” y acusaron a la Inteligencia militar de pretender afectar las conversaciones de paz, aunque decidieron seguir negociando para buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado de medio siglo. Este escándalo se da a poco de las presidenciales del domingo 25, en las que Santos busca la reelección, con Zuluaga y Enrique Peñalosa como fuertes competidores.
Mandatario dijo que es ‘muy grave’
“Me parece muy grave, muy grave que cualquier persona o cualquier organización esté deliberadamente tratando de sabotear el proceso de paz a través de interceptaciones ilegales”, declaró Juan Manuel Santos.
