El accidente minero que causó al menos 283 muertos en Turquía avivó las protestas contra el gobierno del primer ministro islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, con una huelga y manifestaciones reprimidas duramente por la Policía.
La Policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos para dispersar a una multitud de 20.000 manifestantes que denunciaban en Esmirna lo que consideran la negligencia industrial más grave del gobierno registrada en Turquía, según la agencia Dogan.
En Ankara, la Policía recurrió a las granadas lacrimógenas y a los cañones de agua para dispersar a 200 personas concentradas en la céntrica plaza de Kizilay. “Esto no es ni un accidente ni el destino, es una masacre”, proclamaba una banderola desplegada en la capital por un sindicalista que llamaba al Gobierno a dimitir. Según las autoridades, aún quedan en la mina unos 90 mineros, pero las posibilidades de que haya sobrevivientes son casi nulas.
Los familiares de los mineros que murieron en esta catástrofe comenzaron a recuperar los cadáveres de sus parientes en un almacén que se utiliza como morgue improvisada en Kirkagac, a pocos kilómetros de Soma.
En total, unos 787 mineros se encontraban en las galerías subterráneas el martes en el momento de la explosión, cuyas causas no se han determinado.
