La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dio el pistoletazo de salida a su profunda reforma educacional con el envío al Congreso de una ley para poner fin al lucro de las escuelas, el copago de las familias y la selección de alumnos según su origen.
«El lucro, la selección y copago son incentivos equivocados, que combinadamente, afectan la calidad y fomentan la discriminación, la segregación y las inequidades», dijo Bachelet tras presentar su propuesta.
El proyecto de ley, que será enviado a la Cámara de Diputados mañana, apunta a las escuelas subvencionadas, que reúnen el 52% de los alumnos chilenos y que se financian con aportes del Estado y copago de las familias.
Según la propuesta, todos los colegios que reciban aportes del Estado no podrán obtener beneficios, por lo que las 3.470 escuelas que declaran utilidades deberán convertirse en fundaciones sin fines de lucro en un plazo de dos años.
Para acabar con «la exclusión en virtud de la capacidad de pago de las familias», Bachelet quiere eliminar el copago mensual, mediante un aumento de los aportes del Estado a las escuelas subvencionadas.
El copago fue instaurado en los años 1990 para incentivar la creación de escuelas subvencionadas y ampliar la cobertura escolar, pero el gobierno critica que el sistema actual selecciona por grupo socioeconómico y a la larga crea escuelas para pobres, clase media y ricos.
«Tenemos un sistema que reproduce y ahonda las desigualdades, segrega a las personas y trata a la educación como un bien de consumo en lugar de un derecho práctico», diagnosticó Bachelet.
Actualmente las familias aportan unos 600 millones de dólares a la educación subvencionada. El Estado pretende hacerse cargo de este monto y triplicarlo para mejorar la calidad.
«El fin al financiamiento compartido conlleva tres veces más de lo que hoy día ponen las familias», explicó el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
También se quiere prohibir la selección en escuelas con aportes del Estado por «condiciones arbitrarias, socioeconómicas y étnicas» de los alumnos con el fin de que sean los padres los que escojan en igualdad de condiciones la escuela para sus hijos y no al contrario.
Bachelet ha enviado al Congreso una reforma tributaria que pretende recaudar 8.200 millones de dólares para financiar ésta y otras medidas, como la gratuidad a nivel universitario en los próximos seis años.
El movimiento estudiantil, que desde 2011 reclama un cambio en el paradigma educacional heredado de la dictadura, se mostró escéptico con la reforma, mientras que la derecha adelantó un duro debate en el Congreso. «Sin una reforma profunda a su educación, Chile no logrará el desarrollo», afirmó tajante la mandataria en la presentación de la ley.
