La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó hoy una audiencia pública sobre el caso contra el Estado de Perú por la muerte, en 1994, de dos mujeres y las heridas a otra persona en un vehículo de transporte público a causa de al menos un disparo de un miembro del Ejército.
Los hechos tuvieron lugar en 1994, cuando miembros del Ejército intentaban interceptar el vehículo, en una acción en la que murieron Zulema Tarazona Arrieta y Norma Teresa Pérez Chávez y resultó herido Luis Bejarano Laura.
Según la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado incurrió en una «privación arbitraria» de la vida de las dos mujeres, así como en una violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de la persona que resultó herida.
«Yo ya no soy el mismo, no soy esa persona dinámica, no puedo agacharme, no puedo tener una relación (sexual). Quisiera justicia y que el Gobierno se haga cargo también de las dos jóvenes que fallecieron», señaló en su declaración Luis Bejarano Laura.
El Estado peruano indicó en sus alegatos finales que ya hubo una sentencia contra un miembro del Ejército y que se dieron indemnizaciones a las familias de las víctimas por la suma de 10.000 dólares por cada una de ellas y 3.000 dólares a Bejarano.
Sin embargo, para los representantes de los demandantes no se cumplieron los estándares de reparación integral y debe existir un pago por el daño inmaterial, no solo los gastos de honras fúnebres.
Los jueces de la CorteIDH, con sede en Costa Rica, escucharon la declaración de otro de los pasajeros del vehículo y, posteriormente, se dieron los alegatos orales finales del Estado y los representantes de las personas afectadas.
Tras concluida la audiencia pública de hoy, las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de allí los jueces estudiarán la posibilidad de dictar una sentencia, para lo cual no tienen un plazo límite.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
