La agenda política de esta semana en Ecuador ha estado marcada por un tema crucial: el debate de la reelección presidencial indefinida. El presidente Rafael Correa se ha pronunciado a favor de una reforma constitucional.
La discusión empezó cuando Correa, al cumplir el primer año de su tercer mandato, durante el informe a la nación, reveló que el movimiento Alianza País había acordado pedir a su bloque de asambleístas una enmienda a la Carta Magna para dar paso a la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular.
La Constitución Política aprobada en 2008, dos años después de la llegada de Correa a la silla presidencial, impedía que se perpetuara en el poder cualquier autoridad y dejaba claro que tanto los concejales de los municipios como el Mandatario podrán buscar la reelección una sola vez.
Correa argumentó que la decisión de modificar la Carta Magna se ha tomado porque vienen “tiempos duros” para la Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera el Jefe del Estado, y que “hay una restauración conservadora en marcha” que, en opinión del Presidente, pone en peligro los avances que el país ecuatoriano ha tenido en los últimos siete años.
Ratificado. Bajo el nuevo marco constitucional, Correa fue ratificado en su mandato en agosto de 2009 y hasta 2011 mantuvo el discurso de que estaba agotado y que la responsabilidad del cargo afectaba a su familia. “Yo estaré, si Dios lo permite, tan solo cuatro años más, pero esta revolución debe durar para siempre”, decía. Sin embargo, para finales de 2012 se convirtió nuevamente en el candidato de Alianza País y ganó las elecciones del año pasado.
Cuando inició su segundo período, en mayo de ese año, también aseguró que sería el último. Correa ya especulaba con el tabú de la reelección en febrero pasado, cuando el movimiento gubernamental perdió las alcaldías en ciudades estratégicas como Quito, Guayaquil y Cuenca. “En lo personal, creo que es mi deber revisar la sincera decisión de no lanzarme a la reelección, porque tengo la responsabilidad de garantizar que este proceso sea irreversible”, declaró Correa en marzo.
La Corte Constitucional tendrá que elegir el mecanismo para modificar la Carta Magna. Las opciones están entre una enmienda o una reforma. La diferencia radica en que la primera la aprueba la Asamblea Nacional (donde el partido de Gobierno tiene 100 de los 130 escaños), mientras que la segunda requiere que se convoque a un referéndum nacional.
