El Gobierno de Estados Unidos trató de sortear ayer la polémica que generó la liberación de cinco presos afganos de Guantánamo a cambio de un militar estadounidense, mientras los republicanos advirtieron que esa decisión puede poner en peligro a la nación y enviar el mensaje equivocado a Al Qaeda.
El traslado a Catar de cinco reos que integraron la cúpula del régimen talibán en Afganistán despertó críticas por la decisión del Gobierno de desplegar la operación sin avisar al Congreso y la percepción de que rompió su política de no negociar con terroristas.
La asesora de seguridad nacional del presidente Barack Obama, Susan Rice, respondió que Estados Unidos tiene un “honor sagrado” de devolver a casa a los prisioneros de guerra.






