Brasil y Chile aprobaron un acuerdo para intercambiar informaciones sobre sus dictaduras, durante un encuentro en Brasilia de las presidentas Dilma Rousseff y Michelle Bachelet. Ambas mandatarias fueron víctimas de prisión y tortura en ese periodo.
El acuerdo busca ayudar al “esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante las dictaduras que asolaron a ambos países”, señala un documento de la Cancillería brasileña.
La gobernante brasileña recibió a su par chilena en el palacio presidencial de Planalto en la capital. El acuerdo coincide con los 50 años del golpe que dio origen a 21 años de dictadura en Brasil (1964-85), y los trabajos de una Comisión de la Verdad que debe concluir la investigación de ese periodo en Brasil a final de este año. Este país es el único del cono sur que todavía no juzgó a los represores, amparados por una ley de amnistía.
Ese intercambio de informaciones es significativo, ya que las feroces dictaduras del Sudamérica colaboraron en la represión a los disidentes políticos de otros países, en la llamada Operación Cóndor.
Además, “hubo brasileños que se exiliaron en Chile, y que tras el golpe de 1973 fueron mantenidos presos en el Estadio Nacional; hubo torturadores brasileños que fueron enviados para capturar a esos brasileños que habían encontrado refugio en mi país”, dijo el canciller chileno, Heraldo Muñoz, en abril.
