Una nueva legislación que elevará la inversión en educación a 10% del PIB entró en vigor el jueves en Brasil, coincidiendo con la Copa del Mundo que levantó críticas en el país suramericano en reclamo de mejores servicios públicos.
El Plan Nacional de Educación, elaborado en 2010 por el gobierno con participación de estudiantes y educadores, fue aprobado por el Congreso semanas atrás y publicado en el diario oficial este jueves, un día después de ser sancionado por la presidenta Dilma Rousseff.
Brasil, que luchó ampliamente contra el analfabetismo y para universalizar la educación básica, pero que todavía tiene grandes déficits educativos, dedica actualmente 5% del PIB a educación. La meta es que alcance 7% en cinco años, y 10% en diez.
«Brasil tiene ahora un plan nacional a la altura de los desafíos educacionales del país», dijo la presidenta en su cuenta Twitter.
«Destinar 10% del PIB a la educación era nuestro reclamo histórico. Puede parecer mucho para países que tienen una población más envejecida y acceso pleno a la educación, pero en Brasil falta muchísimo por hacer y nunca hubo tantos jóvenes: 50 millones (de una población total de 200)», dijo a la AFP Virginia Barros, presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes.
«La educación es la política más estratégica que necesita este país para el desarrollo y contra la desigualdad», añadió.
Con vigencia de diez años, el plan prevé más años de formación para los profesores, aumentar el período de educación obligatoria y más oferta de guarderías y educación secundaria pública.
En un país en el que apenas 15% de los jóvenes de 18 a 24 años tiene acceso a la universidad, la meta del Plan es llevarlo a 33%, y triplicar las plazas para la educación profesional.
Los recursos están asegurados con una legislación, también nueva, que dedica a educación 75% de las regalías del petróleo en nuevas áreas.
Séptima economía del mundo, Brasil fue sacudido el año pasado por multitudinarias protestas en reclamo de que el dinero público destinado a la Copa del Mundo fuera redirigido a la salud, la educación y el transporte.
«Las manifestaciones ayudaron a presionar para aprobar este plan», dijo Barros.
