El congreso argentino, controlado por el oficialismo, rechazó el jueves someter al vicepresidente, Amado Boudou, a un juicio político mientras es inculpado por hechos de corrupción cuando era ministro de Economía en 2010.
La comisión de Juicio Político rechazó «in limine» ocho pedidos de congresistas de la oposición para enjuiciar a Boudou, que por su condición de vicepresidente y titular del Senado, goza de fueros que impiden su arresto.
Boudou, primer vicepresidente argentino en ser procesado en ejercicio de sus funciones, perdería estos fueros sólo si renuncia a su cargo o es destituido por juicio político.
La presidenta de la comisión de Juicio Político, la diputada oficialista Adela Segarra, dijo que el bloque kirchnerista está «alineado» en la defensa de Boudou, porque el «vicepresidente electo es inocente hasta que se demuestre lo contrario».
Boudou había solicitado ampliar su indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, pero desistió el jueves en la mañana volver a declarar sobre su procesamiento por sobornos y «negociaciones incompatibles» como funcionario público.
Los abogados de Boudou entregaron un escrito a Lijo para que suspenda una declaración indagatoria que estaba prevista para el viernes a pedido del propio vicepresidente, cuyo contenido fue divulgado el jueves en la tarde.
«Entiendo, como dije en varias oportunidades, que este Magistrado ya tenía proyectado mi procesamiento, y que tan sólo lo dio a conocer para que mis dichos en una eventual ampliación no pudieran modificar ni una línea de su proyecto», indicó Boudou en sus primeras declaraciones tras su encausamiento el viernes pasado.
El segundo del gobierno centroizquierdista de la presidenta Cristina Kirchner agregó: «Aclaro, que no callaré cuanto tenga para decir, pero lo haré en las instancias que entiendo que corresponden, y que garanticen acabadamente mis derechos, así como la legalidad del proceso».
Lijo acusa a Boudou de haberse quedado –a través de la empresa fantasma The Old Fund y de un testaferro– con el 70% de la empresa Ciccone, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma cuando era ministro de Economía.
