El Congreso de Argentina, controlado por el oficialismo, rechazó ayer someter al vicepresidente, Amado Boudou, a un juicio político después de ser inculpado por hechos de corrupción cuando era ministro de Economía en 2010.
La Comisión de Juicio Político rechazó in limine ocho pedidos de congresistas de oposición para enjuiciar a Boudou, quien por su condición de vicepresidente y titular del Senado goza de fueros que impiden su arresto.
Boudou perdería estos fueros solo si renuncia a su cargo o es destituido por juicio político. El delito de “cohecho” que pesa sobre la autoridad es penado con prisión de entre uno y seis años, según el Código Penal argentino.
La presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada oficialista Adela Segarra, dijo que el bloque kirchnerista está “alineado” en la defensa de Boudou, porque el “Vicepresidente electo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Boudou, primer vicepresidente argentino en ser procesado en el ejercicio de sus funciones, fue acusado de haberse quedado —a través de la empresa fantasma The Old Fund y de un testaferro— con el 70% de la empresa Ciccone, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma cuando era ministro.
El procesamiento fue dictado el anterior viernes. La defensa de Boudou había solicitado una ampliación de la indagatoria del 9 de junio, cuando declaró como imputado por más de siete horas.
La autoridad desistió ayer de volver a declarar sobre su procesamiento por sobornos y “negociaciones incompatibles” como funcionario público, con un escrito dirigido al juez Ariel Lijo en el que lo acusa de haber planificado su inculpación sin intenciones de escuchar su versión de los hechos.
