Argentina rechazó hoy la amenaza de un juez de Estados Unidos de ser declarada en desacato al no haber abonado una sentencia en favor de fondos especulativos, conflicto que derivó en un bloqueo judicial de un millonario pago de la deuda pública.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reiteró también el último llamamiento de la presidenta Cristina Kirchner al presidente estadounidense, Barack Obama, para que intervenga en lo que el país sudamericano interpreta como violación de su inmunidad soberana.
«En un país soberano como el nuestro no existe el desacato, sino que se está violando la inmunidad soberana del país», dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en rueda de prensa en la Casa de Gobierno.
El juez federal estadounidense Thomas Griesa había advertido el viernes a Argentina que la declarará en «desacato» si insiste con declaraciones «falsas y engañosas» sobre el juicio con los fondos, que provocó el 30 de julio una mora selectiva en el pago de un bono por 539 millones de dólares.
El fallo de Griesa ordena al país pagar 1.330 millones de dólares en efectivo, el 100% de la deuda con los fondos NML y otros litigantes, a los que la jerga financiera denomina «buitres».
Griesa hizo la advertencia en reacción a avisos publicados por Argentina en los diarios estadounidenses The New York Times y Wall Street Journal en los que niega haber incurrido en ‘default’ y señala al magistrado como responsable de que los bonistas no puedan cobrar los 539 millones de dólares depositados en la cuenta del fiduciario Bank Of New York Mellon.
«Hay que preguntarle a Griesa para que explique», respondió Capitanich a un periodista qué le preguntó qué implicancia tiene el desacato.
Capitanich también se refirió al llamado del gobierno argentino para que el presidente Obama intervenga en este caso.
«Cuando la Argentina hace la presentación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), se establece que si Estados Unidos no acepta la jurisdicción, debe promover una solución a la controversia de modo pacífico», afirmó el jefe de los ministros.
Buenos Aires demandó el jueves a Estados Unidos en La Haya, pero enseguida Washington descartó aceptar esa jurisdicción.
Capitanich dijo que «Estados Unidos es responsable por la actuación de uno de sus poderes, en este caso el Judicial».
Consultado sobre las negociaciones reservadas entre empresas privadas y los fondos litigantes para destrabar la situación, el jefe de Gabinete dijo que «es una cuestión que no incumbe ni es competencia del Estado».
Argentina no puede avalar ningún pago a los fondos so pena de desatar un aluvión de juicios de acreedores con derecho a reclamar el mismo trato, según consta en una cláusula de los contratos de los canjes de 2005 y 2010 que vence en 2015.
Consultoras financieras calculan que en tal caso la deuda a pagar rondaría entre 120.000 y 150.000 millones de dólares, más de cuatro veces las reservas del Banco Central.
