Estados Unidos reiteró este miércoles que no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en La Haya ante la demanda argentina por violación de su soberanía en el marco de un diferendo con fondos especulativos estadounidenses, y luego de que Buenos Aires pidiera una confirmación.
«No vemos a la CIJ como un lugar apropiado para atender los asuntos de la deuda de Argentina», dijo un portavoz del Departamento de Estado que prefirió el anonimato.
El portavoz ya había descartado hace dos semanas en un comunicado en idénticos términos que Washington fuera a aceptar la jurisdicción de la CIJ en La Haya en este caso, y llamó a Buenos Aires a negociar con sus acreedores.
Sin embargo, Buenos Aires tildó el martes esa respuesta, en palabras del canciller Héctor Timerman, de «rechazo mediático» y un «gesto diplomático contrario a las normas de convivencia pacífica de la comunidad internacional».
«Estados Unidos aún no contestó (oficialmente) si acepta o no dirimir las controversias por el accionar de su Poder Judicial» en La Haya, dijo Timerman.
Buenos Aires presentó el 8 de agosto la demanda contra Estados Unidos ante la CIJ acusando a Washington de permitir violaciones a su soberanía.
La Corte dijo que no tomará ninguna acción hasta que Washington no admita la jurisdicción del tribunal. De hecho, Estados Unidos se retiró de la jurisdicción de la Corte en 1986 y debe aceptarla nuevamente para que el tribunal proceda.
Argentina sostiene que si Washington no acepta la competencia de la Corte «ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver» la controversia planteada por Buenos Aires.
El juez de Nueva York Thomas Griesa falló a favor de fondos especulativos, que Argentina llama ‘buitres’ porque compraron la deuda en default, para que cobren 1.330 millones de dólares de deuda, y ordenó que el pago se haga en simultáneo al vencimiento de los bonos reestructurados.
Argentina se niega a acatar el fallo aduciendo que ello disparará millonarios juicios en su contra. Por ende, los acreedores con deuda reestructurada no han podido cobrar el pago que venció el pasado 30 de julio, y el país fue declarado en «default selectivo» por dos agencias calificadoras de riesgo.
Ante el bloqueo judicial en Estados Unidos, el gobierno argentino propuso el martes un proyecto al Congreso con el que busca que los pagos a los tenedores de bonos de su deuda, incluyendo los fondos especulativos que litigaron en su contra, se realicen en Buenos Aires.
