La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció ayer un refuerzo de la seguridad tras el atentado con una bomba casera que dejó 14 heridos y que abrió un debate sobre la capacidad del Estado para luchar contra lo que consideran terrorismo.
El artefacto preparado con un extintor relleno de pólvora negra y un detonador causó el pánico en Santiago el lunes, tras explotar dentro de un basurero en una zona comercial de la estación de metro Escuela Militar. Se considera el mayor atentado desde la llegada de la democracia (1990), según medios locales. El Gobierno presentó una querella por delito terrorista.
Bachelet indicó que se reforzará la seguridad en las estaciones de metro y los lugares de mayor afluencia y aseguró que no permitirá “que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecte la vida que llevamos”. En los últimos años estallaron centenares de artefactos parecidos sin causar grandes daños ni heridos graves, pero nunca se había cruzado la línea de instalarlos en lugar público, concurrido y en horario diurno.
Heridos. De los 14 heridos que dejó la explosión, cinco seguían ayer hospitalizados, mientras que ocho fueron dados de alta, la mayoría por lesiones auditivas. El giro en el modo de los ataques atemorizó a los capitalinos. Una foto de origen desconocido que se hizo viral en las redes sociales mostraba una pintada en el transporte público, en la que se podía leer: “La próxima bomba será en un bus”. El Ejecutivo analiza la imagen.
La cautela llevó a cerrar momentáneamente varias estaciones de metro por paquetes sospechosos que terminaron siendo falsas alarmas. Los responsables del metro protegieron todos los basureros como precaución.
La gran pregunta es quiénes están detrás de este ataque y qué buscan. El atentado no fue reivindicado. Según el fiscal nacional subrogante, Alberto Ayala, la línea de investigación apunta a “organizaciones anarquistas que no tienen una orgánica que permita hacer un seguimiento que determine con mayor precisión y rapidez quiénes estan detrás de estos atentados”.
Un estudio de la Policía chilena citado por El Mercurio señaló que en los últimos nueve años se habían instalado 198 artefactos, de los cuales 81 fueron reivindicados por grupos antisistema o anarquistas. En total, 11 personas fueron juzgadas y solo una condenada a cárcel, pero ninguna por delitos terroristas, que son complejos de asignar. En lo que va del año, los ataques con bombas caseras se reactivaron y países como Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Australia y Gran Bretaña advirtieron a sus ciudadanos de este fenómeno.
El fiscal exclusivo Christian Toledo aseguró que los últimos antecedentes reunidos por los investigadores apuntan a que los responsables del atentado serían al menos tres, informó el diario electrónico Emol. Y a la querella presentada por el Gobierno, se sumaron la acción judicial por el mismo delito interpuesta por la Unión Demócrata Independiente y otra patrocinada por la Municipalidad de Las Condes.
Bachelet aseveró que enviarán al Legislativo con urgencia los cambios a la Ley Antiterrorista, de herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con los que pretenden tapar “los vacíos legales” que dificultan una respuesta más eficaz en estos episodios.
Piden ley moderna
Ministro
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, indicó que “se necesita una nueva ley de Inteligencia… con muchas más atribuciones, mucho más moderna y que dé cuenta de la realidad de hoy”, ante el debate sobre la Ley Antiterrorista.
