La presidenta chilena Michelle Bachelet solicitó al Congreso debatir «con urgencia» una moción parlamentaria estancada hace varios años en el Legislativo que busca anular la ley de amnistía implementada en 1978 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«Se le ha puesto urgencia a algunas mociones parlamentarias. Entre ellas está aquella de parlamentarios que derogan la Ley de Amnistía», indicó el ministro de Justicia José Antonio Gómez, en una comparecencia ante la prensa este jueves.
La Ley de Amnistía fue implementada por la dictadura de Pinochet para conmutar crímentes o impedir el juicio por violaciones a los derechos humanos que ocurrieron desde el inicio de la dictadura pinochetista, principalmente de 1973 hasta 1978.
La norma no es aplicada por los tribunales de justicia chilenos desde 1998, ocho años después de concluido el régimen de Pinochet, lo que ha permitido juzgar a exmilitares por crímenes de lesa humanidad.
Actualmente, unos 60 militares cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos.
Con la aprobación de este proyecto, el gobierno pretende «adecuar la legislación chilena a la legislación internacional (en materia de derechos humanos) y además, no hace un cambio muy de fondo de lo que han hecho los tribunales chilenos hasta la fecha, que es no aplicar la ley de amnistía», explicó Gómez.
El proyecto está estancando en el Congreso desde 2006, cuando cuatro parlamentarios de izquierda lo presentaron con el fin de anular la Ley de Amnistía y establecer procesos judiciales a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos, pero que fueron beneficiados con ella.
«Esa ley es ilegítima porque viola los derechos humanos y los tratados internacionales, por eso debe ser anulada, para que estas personas que cometieron abusos tengan procesos justos», dijo Guido Girardi, uno de los diputados que elaboró la moción parlamentaria.
La anulación de la ley de amnistía es un viejo anhelo de los organismos de derechos humanos y de familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura.
Gómez anunció además que el gobierno va a impulsar la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos, y difundirá un mensaje sobre la tipificación del delito de tortura.
El anuncio se produce justo en el día en que Chile conmemora 41 años del golpe militar que instauró la última dictadura, el 11 de septiembre de 1973.
Durante el régimen de Pinochet murieron más de 3.200 personas y otras 38.000 fueron torturadas, según datos oficiales.
