Cuando quedan 21 días para las elecciones presidenciales, Brasil duda entre dos mujeres y dos modelos: el Estado “regulador” de la presidenta Dilma Rousseff y el Estado “mínimo” que propone la ecologista Marina Silva.
La campaña de cara a la primera vuelta concluirá el jueves 2 de octubre y las encuestas muestran un proceso totalmente abierto y polarizado entre los modelos que proponen ambas postulantes.
Rousseff, aspirante a la reelección del Partido de los Trabajadores (PT), apoya su oferta en los programas sociales desarrollados desde 2003, cuando esa formación llegó por primera vez al poder con Luiz Inácio Lula da Silva.
En su mensaje abundan los números y cita las cerca de 40 millones de personas que salieron de la pobreza y pasaron a engrosar la clase media en los últimos 12 años, así como el mantenimiento de tasas de desempleo en torno al 5% en plena crisis mundial.
También defiende el papel de “regulador” y “bombero” de la actividad económica asumido por el Estado, que subsidia a los más pobres y a industrias en problemas, como la automovilística o la construcción, mediante rebajas tributarias o créditos públicos.
Aún así, la tasa de crecimiento de la nación ha caído gradualmente y los expertos afirman que este año no llegará al 1%, con una alta inflación cercana al 6,5%.
Profundamente religiosa y ferviente evangélica, Marina Silva plantea las elecciones casi como una especie de lucha entre el “bien y el mal”. La ecologista, exsenadora y exministra de Medio Ambiente, irrumpió como candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB) hace un mes, tras el fallecimiento en un accidente aéreo de Eduardo Campos.
Como Rousseff, promete mantener y profundizar aún más la atención social, pero propone reducir el tamaño del Estado, limitar la acción de la banca pública y “destetar” a la industria, como declaró su asesor económico Eduardo Giannetti.
Otro viraje profundo pudiera ocurrir en la política exterior si Silva vence en octubre y afectaría sobre todo al Mercado Común del Sur (Mercosur). La aspirante indicó que pretende promover una reforma de los estatutos de éste para que Brasil tenga libertad para negociar acuerdos comerciales por separado con otros países o bloques, lo que está vedado por las actuales normas.
