Argentina obtuvo hoy una nueva victoria en su ofensiva diplomática contra los fondos especulativos, con la aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una resolución que condena a los denominados «fondos buitre» y ordena una investigación de sus actividades.
El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, quien presentó personalmente el proyecto de resolución al pleno del Consejo, destacó -tras la votación- que «es la primera vez que se decide que la ONU investigue las actividades estos especuladores internacionales y las consecuencias de sus acciones».
Reconoció, sin embargo, que no basta con condenar e investigar si al final no hay consecuencias concretas.
«Este no es el fin del camino, es una etapa más para Argentina, que luchará en todo los lugares donde tenga que dar la batalla», adelantó Timerman.
«Nuestro interés es que se limite el accionar de estos fondos, que se termine con esta especulación que tanto daño hace a los pueblos», recalcó el canciller en una comparecencia ante la prensa.
Adelantó que, cuando se disponga de todos los elementos de análisis, «entonces se tomarán las medidas adecuadas».
Argentina está en una gran campaña internacional contra los «fondos buitre» que no aceptaron la reestructuración de la deuda argentina que poseen y que le reclaman su pago.
La resolución fue aprobada por 33 votos a favor, frente a 5 en contra (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y República Checa) y 9 abstenciones.
En ella se denuncia que esos fondos financieros acuden «a los tribunales y otros medios para obligar a los países a desviar recursos financieros ahorrados con la cancelación de la deuda», en el marco de planes internacionales de alivio de la deuda.
En respuesta a los países que se opusieron a la resolución, el ministro argentino aclaró que este no solo es un problema financiero, sino también social y, en particular, de derechos humanos.
«Cuando se desvían los fondos destinados a programas de salud es un problema de derechos humanos, que se embarguen fondos que debían usarse en programas de alimentación también es una cuestión de derechos humanos», enfatizó.
En su lucha en los planos diplomático y jurídico contra los «fondos buitre», la iniciativa argentina invita al resto de países a considerar «la aplicación de marcos jurídicos para poner alto a las actividades predatorias» de esos agentes financieros.
Asimismo, les alienta a que participen en las negociaciones para crear un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana y garantizar su compatibilidad con los derechos humanos.
«Esta resolución no era contra ningún país, sino contra un grupo de especuladores internacionales, verdaderos piratas del siglo XXI que asuelan a los pueblos y países donde pueden realizar sus actividades», declaró el canciller.
La instancia que investigará las actividades de esos fondos será el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, conformado por 18 expertos independientes elegidos por su capacidad profesional y representantes de las distintas regiones del mundo.
