La ciudad de Iguala, donde desaparecieron hace 12 días 43 estudiantes, amaneció ayer tomada por la Policía Federal y el Ejército, en un municipio cuyos policías locales fueron sacados hasta que demuestren que no tienen vínculos con el narco.
Para ello tendrán que pasar los controles de seguridad en un centro en el estado de Tlaxcala, a donde fueron trasladados ayer en la mañana para pasar 45 días de entrenamiento, que recibirán solamente si pasan los controles.
Este intento de limpiar a la Policía llega tras la detención de más de una veintena de agentes por su presunta participación en la muerte de seis personas y de la desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre.
Además de los seis fallecidos, tres de ellos estudiantes, 25 personas resultaron heridas y, según varios testigos, decenas de alumnos fueron subidos a patrullas policiales y ya no se les vio más. Algunos detenidos, entre ellos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, confesaron haber matado a cerca de una veintena de los jóvenes, según la fiscalía del estado de Guerrero, donde se halla Iguala.
Dicha información, aunada al hallazgo de seis fosas clandestinas con 28 cuerpos aún por identificar, hicieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto cambiara de opinión y decidiera intervenir en la urbe para restablecer la seguridad. Así, un destacamento de unos 400 elementos de la Policía Federal, incluidas varias unidades de la recientemente creada Gendarmería, llegó ayer a Iguala, dos días después de que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) asumiera la investigación.
Expertos de la fiscalía general realizarán estudios de balística para determinar si las armas oficiales de los policías locales fueron utilizadas en la comisión de delitos. Ayer llegaron, además, en cinco helicópteros de la PGR un grupo de peritos en criminalística y química forense para contribuir en la identificación de los 28 cuerpos encontrados y que podrían corresponder a algunos de los jóvenes desaparecidos.
Partida. El policía primero Carlos Manuel Díaz García, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad después de que su titular, Felipe Flores, se fugara una vez que empezó a conocerse la gravedad de los ataques, confirmó que en total se presentaron de manera voluntaria unos 110 policías de los cerca de 300 que tiene el municipio.
Además de Flores, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se encuentra en paradero desconocido. Según un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional publicado ayer por El Universal, hay pruebas concretas de que está vinculado a través de la familia de su esposa con Guerreros Unidos.
Tiene que responder a una orden de “presentación” para que explique su participación, y el secretario, señalado por la fiscalía como uno de los mandos que ordenó detener a los estudiantes, enfrenta una orden de captura.
