El alivio en México al saber que los estudiantes desaparecidos no están entre los cadáveres hallados en fosas fue fugaz. Abrió paso a protestas y nuevas interrogantes: ¿Quiénes son esos muertos? y ¿dónde están los jóvenes?
El gobierno de Enrique Peña Nieto, presionado desde dentro y fuera de México, se comprometió a esclarecer este crimen que no tiene precedentes conocidos y ha conmocionado al país, en el que 43 estudiantes desaparecieron tras ser tiroteados por policías municipales y sicarios del narcotráfico la noche del 26 de septiembre.
La angustiosa espera por conocer el paradero de los jóvenes ha provocado en los últimos días manifestaciones con decenas de miles de personas en diferentes estados mexicanos. Ayer, cientos de estudiantes de universidades públicas protestaron frente a la Fiscalía General en la capital, causando destrozos en las instalaciones.
Pruebas. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, clamaban los manifestantes. La zona de búsqueda de los 43 estudiantes se amplió este miércoles después de que la Fiscalía anunciara que, de acuerdo con las pruebas de ADN, los jóvenes no están entre los 28 primeros cadáveres exhumados de fosas clandestinas halladas en la región tras las desapariciones. La Fiscalía considera “secuestrados” a los estudiantes, pese a que algunos detenidos, entre ellos sicarios del cártel Guerreros Unidos, que opera en la región, reconocieron que mataron a algunos de los jóvenes y llevaron a las autoridades a otras fosas.
“El secuestro es posible, pero mientras más tiempo pase, las expectativas de que se encuentren con vida van disminuyendo”, dijo a la AFP Javier Oliva, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, pública).
Esperanza. Las familias de los alumnos, que tuvieron una inyección de esperanza con los resultados de los análisis de ADN, siempre han asegurado que sus hijos están vivos y en poder de los policías de Iguala fugitivos. Sin embargo, para Oliva, resulta muy complicado “retener a 43 personas de manera incomunicada al 100%, que no puedan ser vistos por vecinos” ni localizados por los centenares de policías federales desplegados.
La Fiscalía no dio pistas sobre a quiénes corresponderían los 28 cadáveres hallados en los tupidos cerros de Iguala, donde los vecinos aseguran que se esconde un “cementerio” clandestino.
“Pueden ser víctimas de pugnas (entre cárteles) o de extorsiones, secuestros, tráfico de órganos. Cosas malévolas y no lo digo en términos literarios, sino literales”, expuso Oliva.
