El escándalo por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en septiembre cobró ayer la primera víctima política con la salida del cargo del cuestionado gobernador de la convulsa región de Guerrero (sur).
Sin apoyos políticos, el gobernador Ángel Aguirre compareció ante los medios en Chilpancingo (capital de Guerrero) para anunciar que solicitó al Congreso regional que le otorgue una licencia para abandonar el cargo.
Aguirre, gobernador desde 2011 por el izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática), dijo con tono sombrío que con esta decisión quiere «favorecer un clima político que ponga la atención y solución de estas prioridades», en referencia a la búsqueda de los 43 desaparecidos y el castigo a los culpables.
El clamor por la renuncia de Aguirre no sólo había crecido en las masivas manifestaciones que exigen la aparición con vida de los jóvenes, quienes desaparecieron la noche del 26 de septiembre después de ser atacados por la policía municipal de Iguala (Guerrero).
En el tablero político, el oficialista PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el conservador PAN (Partido Acción Nacional) ya habían exigido a Aguirre su salida y el PRD, acorralado por este escándalo, tuvo que unirse el jueves a este pedido.
A Aguirre se le recrimina su falta de respuesta ante las desapariciones y no haber frenado la violencia del crimen organizado que azota a la empobrecida Guerrero, la región con los mayores índices de asesinato del país.
También le han llovido críticas, al igual que al gobierno federal, por no haber actuado frente a los indicios de nexos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa con el cártel narcotraficante Guerreros Unidos.
La dimisión del gobernador llega un día después de que la fiscalía general acusara al alcalde de Iguala, también elegido por el PRD, como principal sospechoso de ordenar el ataque contra los jóvenes, a quienes se sigue buscando por tierra, mar y aire.
Según las investigaciones, el alcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda, que siguen prófugos, ordenaron a sus policías reprimir a los estudiantes. Los agentes les entregaron después a sicarios de Guerreros Unidos.
PRD contra las cuerdas
Aguirre, conocido como el ‘Cacique de la Costa Chica’ de Guerrero, ya había sido gobernador interino por el PRI en 1996. En 2010, al no ser elegido por el PRI como candidato a la gobernatura, se pasó al PRD y ganó las elecciones.
Ahora el PRD, la formación que quedó segunda en las presidenciales de 2012 con Andrés Manuel López Obrador, está contra las cuerdas por haber postulado a Aguirre y a Abarca. El presidente del PRD, Carlos Navarrete, subrayó el jueves que están a favor de que se castigue a todos los responsables y recalcó que Aguirre «estará disponible para contribuir a las investigaciones».
Navarrete no avanzó quién será gobernador en los próximos meses, ya que las próximas elecciones en Guerrero se celebrarán en junio de 2015.
La indignación contra la clase política se ha disparado en México a raíz de este caso, que también ha generado reclamos desde el exterior. El último de ellos llegó este jueves desde el Parlamento Europeo, que exhortó a México a «actuar rápido» para detener a todos los responsables.
Decenas de miles de mexicanos volvieron a marchar el miércoles por todo el país negándose a que este crimen se sume a la larga lista de olvido e impunidad en México, donde más de 80.000 personas han sido asesinadas y 22.000 desaparecidas desde el inicio de una ofensiva militar antidrogas en 2006.
Y en Guerrero, el radical sindicato de maestros local tomó este jueves pacíficamente la sede de la alcaldía del turístico balneario de Acapulco como parte de su campaña de presión contra las autoridades para que encuentre a los jóvenes.
Reunión de sacerdote y fiscal
El presidente Peña Nieto reitera cada día que la actual prioridad de su gobierno es encontrar a los desaparecidos.
Los 30 cadáveres encontrados en las últimas semanas en fosas clandestinas en Iguala siguen siendo objeto de peritajes pero no se ha confirmado que entre ellos haya ningún estudiante.
El sacerdote y activista Alejandro Solalinde, se reunió este jueves con el fiscal general, Jesús Murillo Karam, para exponerle unos testimonios que dice haber recibido que indican que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados, algunos de ellos estando todavía con vida.
A la salida del encuentro, Solalinde dijo que vio al fiscal «muy angustiado».
«No sé si por las víctimas o por la presión política que está ejerciendo el movimiento, que está agarrando unas dimensiones insospechadas. Creo que esto le está dando mucho dolor de cabeza, no sólo a él sino al presidente», dijo a la AFP este reconocido activista de defensa de los emigrantes.
