Autoridades ministeriales del estado mexicano de Veracruz detuvieron a dos policías municipales como parte de las investigaciones por la desaparición del activista y reportero ciudadano Moisés Sánchez.
En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (fiscalía) informó de la detención de dos policías del municipio Medellín de Bravo, donde el activista y también taxista fue «levantado» por un comando armado el pasado 2 de enero.
La dependencia estatal explicó que derivado de la integración de la Investigación Ministerial 17/2015, el juez Quinto de Primera Instancia determinó la orden de retención por 48 horas contra los elementos municipales.
«Esta orden de retención, ejecutada los primeros minutos de hoy, permitirá a las autoridades ministeriales enriquecer las investigaciones para esclarecer la desaparición de Sánchez», detalla.
Sánchez, excandidato al puesto de agente municipal, está en calidad de desaparecido desde el pasado 2 de enero, fecha en que fue puesta la denuncia por sus familiares.
Además de sus colaboraciones periodísticas ciudadanas, Sánchez Cerezo divulgaba en las redes sociales disconformidades y presuntos hechos de corrupción de funcionarios municipales, según medios locales.
La Procuraduría afirmó que desde el momento en que se tuvo noticia de la desaparición activó todos los protocolos para su búsqueda y localización, en coordinación con otras fuerzas de seguridad estatales y federales.
En tanto, en la ciudad de Xalapa, capital del estado, un grupo de comunicadores se manifestó frente a Palacio de Gobierno para exigir la intervención de autoridades federales y organismos internacionales para dar con el paradero del activista desaparecido.
«Duarte, encuéntralo vivo antes de que venga Peña», decía una de las cartulinas que portaban una veintena de comunicadores en referencia al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, mientras que otras decían: «Veracruz impune» y «Moisés Sánchez sí es periodista, lo queremos vivo».
En una carta abierta leída en el lugar de la protesta, demandaron la intervención del Gobierno Federal, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
