Un fiscal federal denunció ayer a la presidenta argentina, Cristina Fernández, y al canciller Héctor Timerman por la presunta negociación de un “acuerdo de impunidad” con Irán para encubrir a los imputados del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires.
El fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó además un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (23,2 millones de dólares). En una presentación judicial de casi 300 páginas, Nisman apunta a la gobernante por los delitos de “encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional”.
La denuncia alcanza al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D’Elia, Fernando Esteche, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, el exfiscal federal y exjuez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní Jorge Yussuf Khalil.
El fiscal dijo que la denuncia se basa en evidencias de escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para “librar de toda sospecha a los imputados iraníes” y “fabricar la inocencia de Irán”.
“Por expresas órdenes de la Presidenta se configuró una diplomacia paralela de facto que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal”, acusó el titular de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA. Detalló que en las escuchas no está registrada la Mandataria argentina.
