La fiscalía mexicana aseguró este martes que ya tiene «certeza legal» de que los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre en Iguala (sur) fueron asesinados por sicarios del narcotráfico, pese a que sólo uno de ellos ha sido identificado mediante pruebas de ADN.
La investigación, corroborada por la confesión de un último sicario detenido «clave», da la «la certeza legal de que los normalistas (estudiantes) fueron muertos en las circunstancias descritas», dijo el fiscal general, Jesús Murillo Karam, responsable de investigar este crimen que conmocionó al país y la comunidad internacional.
Las declaraciones del casi centenar de detenidos, los 487 peritajes y elementos materiales permitieron «llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden», afirmó Murillo Karam en una conferencia de prensa en la capital. «Es la verdad histórica», recalcó.
Hasta ahora, la fiscalía consideraba oficialmente como desaparecidos a los jóvenes, que la noche del 26 de septiembre fueron víctimas de un brutal ataque a tiros de policías corruptos de Iguala (estado Guerrero) y luego entregados a sicarios de Guerreros Unidos, un cártel narcotraficante local para el que presuntamente operaba el detenido alcalde de esa ciudad.
Los padres de las víctimas, que el lunes lideraron una marcha con miles de personas en Ciudad de México al cumplirse cuatro meses del crimen, se niegan a creer la reconstrucción de la fiscalía y temen que el gobierno pretenda echar el cierre a un caso que sumió a Enrique Peña Nieto en la peor crisis de su presidencia (2012-2018).
«Hay muchas inconsistencias en la versión del procurador» (fiscal), se limitó a decir a la AFP Felipe de la Cruz, vocero de los padres, tras las declaraciones de Murillo Karam.
De la Cruz señaló que probablemente convocarán a una rueda de prensa este mismo martes para ofrecer su posición.
Por el momento, expertos de un prestigioso laboratorio de Austria sólo han identificado los restos mortales de uno de los estudiantes y los familiares conservan las esperanzas de que los 42 restantes sigan con vida.
Los otros 16 restos que se seleccionaron -dado que eran los más conservados- para ser evaluados en Austria, se encuentran tan calcinados que el laboratorio no pudo extraer suficiente ADN para las identificaciones.
Ahora se procederá a aplicar una novedosa técnica que podría tardar unos tres meses y que conlleva el riesgo de que los restos se consuman definitivamente.
Señalados como delincuentes rivales
La fiscalía tampoco había manifestado hasta ahora su completa seguridad con respecto al móvil de la presumible masacre.
Este martes, sus responsables dijeron que la «confesión» del sicario Felipe Rodríguez alias ‘El Cepillo’, uno de los supuestos autores de la masacre detenido el 15 de enero, corrobora la hipótesis de que los estudiantes fueron señalados de ser miembros de Los Rojos, una banda rival de Guerreros Unidos.
«Se consolida el móvil consistente en que que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región. Esta fue la razón por la que privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida», dijo Tomás Zerón, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
Nosotros «no hemos podido determinar que (los estudiantes) fueran parte de ningún grupo delictivo. Yo creo que al contrario», recalcó Murillo Karam.
El fiscal avanzó que solicitarán penas de hasta 140 años de prisión para ‘El Cepillo’ y otros responsables del crimen.
Minutos antes de la conferencia, Peña Nieto defendió el «esfuerzo sin precedentes de búsqueda y de investigación» desplegado por su gobierno para determinar lo que ocurrió en Iguala y para aplicar justicia. También llamó a que el país avance a partir de ahora con «mayor optimismo».
«Estoy convencido de que este momento de la historia de México de pena, de tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí», afirmó el presidente en un evento público sobre educación.
