Ayer, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decidió enviar al Congreso una ley para la despenalización del aborto terapéutico. La actual norma es una más de las herencias de la dictadura de Augusto Pinochet.
En su primer mandato (2006-2011), Bachelet —médico pediatra— luchó por implementar el acceso universal a la píldora del día después. Tras liderar la organización ONU-Mujer, volvió al poder en un segundo mandato con la despenalización del aborto terapéutico en su programa.
“Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción de embarazo no han impedido ni impiden la práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y salud de las mujeres”, manifestó ayer la Mandataria en un acto público en el Palacio de la Moneda.
El proyecto de ley enviado al Congreso contempla la despenalización del aborto en caso de “riesgo presente o futuro” de la vida de la madre, “malformaciones incompatibles con la vida extrauterina” y violación.
Para realizarlo, se requerirá del diagnóstico de un médico, ratificado por otro profesional; con una excepción: en caso que la mujer necesite atención inmediata por riesgo inminente de su salud, bastará con el diagnóstico de un solo médico.
Unas 16.510 mujeres ingresan al año en hospitales chilenos por embarazos de menos de 22 semanas relacionados con peligro de vida para la madre o malformaciones del feto incompatibles con la vida. Al año se registran 500 muertes por malformaciones fetales.
Cárcel. Si bien la tendencia de parte de los jueces es a no condenar con penas de prisión los casos de aborto, según un estudio de la Defensoría Penal Pública, la norma actual contempla penas de tres a cinco años de cárcel por abortar, y confiere a Chile el título de ser uno de los siete países del mundo que lo prohíbe en todas sus posibilidades.
Hasta 1989 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido, pero antes de dejar el poder el exdictador Pinochet, en 1990, lo prohibió. “Tener miedo a morir, y miedo a que te pase algo” son los principales efectos de la penalización del aborto, según Lidia Casas, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Mujeres que acuden a un hospital por hemorragias graves tras abortar y que son interrogadas por matronas con la intención de denunciarlas; demoras en la atención cuando sospechan que han abortado voluntariamente, o mujeres que sufren una pérdida espontánea, y que son interrogadas por médicos, que dudan del origen de su hemorragia. Son todos casos estudiados y citados por Casas.
