La Justicia paraguaya admitió una acción de inconstitucionalidad ya rechazada contra una ley, aprobada en junio de 2014, que pretende dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en favor de una comunidad indígena, informaron hoy a Efe fuentes judiciales.
Según la jurisprudencia de Paraguay y expertos constitucionalistas, aceptar un doble juzgamiento es irregular y retrasa la aplicación de la ley promulgada en junio por el presidente Horacio Cartes, que prevé expropiar 14.404 hectáreas de tierra para una comunidad indígena como pedía la CorteIDH.
«Es una irregularidad, verdaderamente aquí hay algo más que no es una cuestión jurídica», dijo a Efe el experto en derecho constitucional y exministro de la Corte Suprema de Justicia paraguaya Luis Lezcano Claude.
La Corte Suprema de Justicia rechazó en septiembre de 2014 un pedido de inconstitucionalidad del propietario irregular del terreno, Heribert Roedel, y pidió que se diera celeridad al cumplimiento de la ley, pues se refiere a un conflicto «de larga data» y ya dirimido en instancias internacionales.
En su sentencia, la Corte resolvió no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad y respondió que «la ley mencionada se revela como congruente» y prevé el «pago de una indemnización» en las condiciones previstas en la Constitución.
Pese a existir esta sentencia, la más alta instancia judicial paraguaya ha vuelto a admitir a trámite una acción de inconstitucionalidad contra la misma ley, según confirmó a Efe la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El expediente iniciado y firmado por la ministra de la Corte Gladys Bareiro ha sido enviado al Ministerio Público, donde tienen un plazo de 9 días para dar un dictamen sobre si la ley es inconstitucional o no, según la misma fuente.
La primera acción de inconstitucionalidad presentada por las empresas de Roedel, Roswel Company y Kansol, se dirigía contra toda la ley de expropiación, pero el texto de la nueva, al que tuvo acceso Efe, se centra en el artículo tres, donde se especifica la forma de compensación económica.
«No es posible. No se puede. Si la primera acción cuestionaba la ley en su integridad y fue rechazada, luego no se puede interponer otra acción contra un artículo específico de la ley», explicó Lezcano.
El exministro de la Corte manifestó que el recurso de inconstitucionalidad «tendría que haberse rechazado in linime (sin leerse siquiera), porque ya hay un acuerdo y sentencia».
Lezcano aseguró que «en definitiva» lo que se está produciendo es un incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana.
«Es una forma solapada de no cumplir esa resolución con algunas vueltas del derecho interno, pero en mi criterio no corresponde de ninguna forma», añadió.
Roedel es un empresario alemán establecido en Paraguay tras ser procesado en su país natal por una estafa en un esquema fraudulento de compra y venta de tierras.
La comunidad indígena Sawhoyamaxa, nativos del Chaco paraguayo pertenecientes a la etnia enxet, logró que en 2006 una sentencia de la CorteIDH reconociera que fueron expulsados de su territorio ancestral por el empresario, sin que el Estado lo impidiera.
Los casi 500 miembros de la comunidad Sawhoyamaxa han pasado más de 23 años apartados de su territorio ancestral, malviviendo al borde de una carretera, a pesar de que la Constitución de 1992 garantiza su derecho a seguir viviendo en las tierras milenarias de sus antepasados.
La ley que ordena restituir 14.404 hectáreas a la comunidad Sawhoyamaxa es la mayor expropiación en favor de una comunidad indígena de la historia democrática del país, pero aún no se ha aplicado.
