La situación de Amado Boudou, el primer vicepresidente argentino encausado en ejercicio de sus funciones, se agravó ayer cuando sumó un segundo procesamiento por un caso de corrupción.
La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” el procesamiento de Boudou en la causa Ciccone por la compra de una imprenta de papel moneda que luego fue estatizada, informó el Centro de Información Judicial que depende del Poder Judicial.
Boudou está señalado por haberse quedado —a través de una empresa fantasma y de un testaferro— con el 70% de Ciccone Calcográfica, que tiene el monopolio de la impresión de papel moneda.
A cambio, el Vicepresidente habría intervenido para evitar la quiebra de la compañía, cuando era ministro de Economía en 2010.
Boudou fue encausado en junio y desde entonces la oposición en el Congreso busca que se aparte de sus funciones e incluso buscó aprobar un juicio político en su contra que no prosperó porque el oficialismo controla ambas cámaras.
La Cámara Federal también confirmó los procesamientos de otros acusados, como el socio y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, y otro de sus allegados, Alejandro Vandenbroele, y de uno de los fundadores de la empresa, Nicolás Ciccone.
Boudou enfrenta tres denuncias judiciales, en momentos en que la presidenta Cristina Fernández fue acusada por presunto encubrimiento de iraníes sospechosos de intervenir en el atentado a la mutual AMIA con 85 muertos en 1994.
La tercera denuncia, que tiene en sus manos el fiscal Gerardo Pollicita —el mismo que investiga a Fernández— está relacionada con un presunto fraude en un plan de construcción de viviendas.
