El Gobierno colombiano y las FARC abrieron ayer un nuevo ciclo de conversaciones que estará marcado por la participación en la mesa de negociación de Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y de Estados Unidos.
Además de Annan, Premio Nobel de la Paz en 2001, el proceso sumó la semana pasada el apoyo más firme de Estados Unidos, que designó al veterano diplomático Bernard Aronson como su enviado para la paz de Colombia, medida bien recibida por los dos equipos negociadores.
La ronda 33 de las conversaciones arrancó con el tema de las víctimas del conflicto en agenda y en medio de expectativas por la reunión que mañana sostendrán en La Habana los negociadores con Annan, que viajará a Cuba procedente de Colombia, donde ya manifestó apoyo al proceso de paz y su satisfacción por el progreso alcanzado.
A su llegada a la sede de los diálogos en La Habana, ninguno de los dos equipos negociadores se refirió a la visita de Annan, que refuerza el espaldarazo de importantes actores internacionales al proceso en los últimos meses, como España, Francia o Alemania.
La delegación gubernamental, encabezada por Humberto de la Calle, mantuvo su habitual silencio ante los medios, mientras que los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) divulgaron nuevas consideraciones sobre la justicia “verdadera” de cara al fin del conflicto.
“La justicia real y material garante de la paz estable y duradera solo puede ser el resultado de un gran acuerdo político nacional que supere sustancialmente los contornos y dimensiones de los diseños normativos y los debates sobre la llamada justicia transicional”, afirmó un comunicado leído por el guerrillero Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape.
El texto repasó varios postulados en los que viene insistiendo la guerrilla desde el inicio de los diálogos en noviembre de 2012, como la necesidad de un proceso constituyente que selle los temas de la paz, o el carácter “unilateral” del Marco Jurídico para la Paz impulsado por el Gobierno.
Alape, uno de los principales líderes insurgentes que participa en las conversaciones, subrayó asimismo la “condición de organización político-militar” de la guerrilla y de ahí el porqué debe haber un “reconocimiento amplio del delito político y del derecho a la rebelión”.
Las FARC reiteraron sus argumentos después de que el líder del equipo gubernamental, Humberto de la Calle, indicara ayer en un foro en Bogotá que “es una necesidad” que la denominada “justicia transicional” se aplique a todos los actores involucrados en el conflicto armado, lo que incluye guerrilleros, militares y civiles.
El tema de la “justicia transicional”, el mecanismo diseñado por el Gobierno para facilitar la desmovilización sin impunidad de miembros de grupos armados al margen de la ley que pacten la paz, ocupará además un foro al que asistirá Annan en Bogotá antes de viajar a La Habana.
Acciones de la guerrilla se redujeron
Baja
Las acciones armadas de las FARC en Colombia disminuyeron 40% en 2014, lo que supuso una baja “importante” de la confrontación de cinco décadas.
Motivo
Esta reducción en gran parte se derivó de los 56 días de treguas unilaterales que hubo en 2014.
Uribe irá ante la Corte Suprema por espionaje
El expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe comparecerá la próxima semana ante la Corte Suprema de Justicia por su presunto conocimiento de las actividades del hacker Andrés Sepúlveda, acusado de espiar a los negociadores en los diálogos de paz con las FARC.
El propio Uribe anunció que será escuchado por la más alta instancia judicial del país, que tiene entre sus funciones investigar y juzgar a los miembros del Congreso, en el marco de la investigación preliminar sobre el caso.
“He solicitado a la Corte Suprema de Justicia que mi versión libre, el martes, sea ante todos los magistrados de la Sala Penal”, dijo en Twitter el senador del Centro Democrático, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010.
El exmandatario, el más férreo opositor de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) que lidera su sucesor, Juan Manuel Santos, desde noviembre de 2012, pidió a la Corte Suprema que le permitiera pronunciarse sobre las afirmaciones de Sepúlveda.
