El presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Lochan Naidoo, instó hoy en Londres a los gobiernos a «considerar la disponibilidad de drogas con fines médicos como una prioridad de salud pública».
En la presentación del informe de 2014 de esa organización en Londres, el sudafricano Lochan Naidoo resaltó la importancia de garantizar la disponibilidad, con fines médicos y científicos, de sustancias que están sometidas a fiscalización internacional.
La FIJE es el organismo de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas y defiende el acceso para fines médicos de sustancias estupefacientes bajo control, como la morfina.
Naidoo repasó los cuatro capítulos principales que forman el informe e hizo especial mención al «escaso acceso de la población mundial» a medicamentos que contienen estupefacientes.
Aproximadamente tres cuartas partes de la población mundial tienen nulo o escaso acceso a analgésicos opiáceos, como la morfina y la codeína, aplicados para paliar dolores intensos de enfermedades como el cáncer, resalta el documento.
Pese a los progresos realizados en algunos países, el informe señala que «este problema se ha agravado en el periodo que se examina por desastres naturales y conflictos armados, que han aumentado la necesidad de sustancias para tratar a heridos y enfermos».
Naidoo resaltó que «la Junta alienta a los gobiernos a que observen todas las normas en materia de derechos humanos, incluida la Convención de los Derechos del Niño».
Uno de los temas en los que el presidente de la JIFE puso especial énfasis fue la protección de los menores del mundo de las drogas.
Naidoo destacó la importancia de impedir que los niños sean utilizados en «la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas».
En el informe también se analizan factores socio-económicos, socioculturales y de seguridad, y se advierte de que no se podrá resolver el problema si «los gobiernos no atienden de forma eficaz y sostenible los factores socio-económicos que lo causan».
Según Naidoo, la Junta ha pedido que en las estrategias y planes de acción de los gobiernos se incorporen medidas para la reducción de la demanda.
«Los gobiernos deberían considerar la salud y el bienestar a largo plazo de su población como un aspecto primordial de sus políticas futuras en materia de fiscalización de drogas», añadió.
Una nación destacada en el informe es Uruguay, que se ha convertido en el primer país que «ha legalizado la producción, distribución, venta y consumo de cannabis y derivados con fines que no sean médicos ni científicos».
El presidente de la JIFE recordó la tendencia preocupante de EEUU por el consumo de heroína, que resulta fácil de obtener y es más barata que los opioides con receta médica.
En Europa, destacó como un peligro para la salud pública la proliferación de las conocidas como «nuevas sustancias psicoactivas», algunas de ellas vendidas incluso de forma legal porque sus componentes químicos no están prohibidos.
