«Alberto Nisman no se suicidó. A Alberto Nisman lo mataron», afirmó hoy su exmujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, que calificó la muerte del fiscal como «un magnicidio de proporciones desconocidas» y pidió respuestas a las instituciones argentinas.
Nisman fue «víctima de homicidio sin lugar a dudas», insistió la jueza, que presentó hoy ante la prensa las conclusiones de un informe encargado a sus propios peritos sobre la muerte del fiscal, encontrado con un tiro en la cabeza en su domicilio el 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta, Cristina Fernández, por encubrimiento a terroristas.
«Nisman no sufrió un accidente, no se suicidó, a Nisman lo mataron y su muerte es un magnicidio de proporciones desconocidas que merece respuestas de parte e las instituciones de la República», afirmó Arroyo Salgado, querellante en la causa junto a las dos hijas que tuvieron en común y a la madre del fiscal.
El informe de los peritos contratados por la jueza da un vuelco al caso y desmonta las bases de la investigación desarrollada por la fiscal del proceso, Viviana Fein.
Según Arroyo Salgado, Nisman no murió de forma instantánea sino que agonizó, sufrió una «copiosa hemorragia externa» y su cuerpo no presentaba espasmo cadavérico, en contra de lo que afirmó Fein.
La bala fue disparada a no más de un centímetro, por encima del pabellón auricular derecho, con una trayectoria de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, que generó múltiples fracturas de cráneo.
Además, el cuerpo fue movido de la posición en la que cayó tras recibir el disparo y no había presencia de alcohol en sangre, en contra de lo que informó el miércoles el portal Infojus Noticias, dependiente del Ministerio de Justicia argentino, que admitió hoy que «cometió el error» al divulgar que Nisman tenía 1,73 gramos de alcohol y apuntar que era una cantidad equivalente a «un estado de embriaguez elevado».
Infojus rectificó y aclaró que el alcohol se encontraba en el estómago, «no llegó a metabolizarse» y «es poco probable el estado de embriaguez».
El informe de los peritos de Arroyo Salgado, que consta de 100 páginas y se acompaña de fotografías que la jueza evitó divulgar, está basado en el análisis de las evidencias encontradas en la vivienda donde murió Nisman, la autopsia e imágenes tomadas por la Policía y la Prefectura.
La muerte «violenta» de Nisman constituye un «hecho criminal de magnitud», insistió la magistrada, y se dio en un «contexto político y judicial» que «ha marcado de lleno la institucionalidad de la República, además de poner en tela de juicio el rol del Estado nacional frente a la comunidad internacional en materia de terrorismo».
La jueza aprovechó también para denunciar que no se informó a la familia de su derecho a participar con sus propios peritos de parte en la autopsia, una posibilidad que «sin duda hubiera contribuido a enriquecer el proceso pericial en miras a la búsqueda de la verdad».
La ausencia de peritos de parte en la autopsia «derivó en que conclusiones parciales, precipitadas y equivocas hayan sido funcionales a la intención del o los homicidas, contribuyendo a su impunidad o retardándola en el mejor de los casos», lamentó.
Arroyo Salgado reiteró su compromiso «como familia y como miembro del Poder Judicial es bregar por llegar a la verdad».
Nisman fue encontrado muerto en su apartamento en circunstancias que la Justicia califica como «muerte dudosa».
Según la fiscal del caso, el cuerpo de Nisman presentaba espasmo cadavérico y no había signos de participación de terceros en la escena de la muerte.
El único imputado hasta ahora es Diego Lagomarsino, un informático que colaboraba con Nisman y que le entregó el arma que acabó con su vida.
Mientras, la denuncia de Nisman, que investigaba el atentado contra la AMIA que dejó 85 muertos en 1994, contra la presidenta por por encubrimiento de los presuntos autores del ataque se encuentra bajo la órbita de la sala primera de la Cámara Federal, que ha emitido recientemente fallos contra los intereses del Gobierno.
La Cámara debe decidir si acepta la imputación contra Fernández solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, sucesor de Nisman en el proceso, que recurrió la resolución del juez Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia de encubrimiento por considerar que la presentación del fallecido fiscal no aportaba evidencias de delito.
La muerte de Nisman ha provocado una crisis política e institucional sin precedentes durante el mandato de Cristina Fernández, que ha rechazado con contundencia las acusaciones, ha criticado con dureza al fiscal y se ha preguntado por qué el hombre que la denunció guardaba en su caja fuerte documentos que elogiaban su trabajo para esclarecer el atentado contra la AMIA.
