La tortura y los malos tratos se practican de forma «generalizada» en México, afirmó este lunes el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, en un informe presentado en Ginebra.
Los hechos incriminados suceden «durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia», y «ocurren en un contexto de impunidad», cuya «finalidad es castigar o extraer confesiones o información», precisó Méndez en su informe.
La información reunida por Méndez en una visita el año pasado al país «está basada en testimonios recibidos de personas liberadas y también en varias cárceles» y le llevó a la conclusión de que la tortura es una «práctica generalizada».
«El patrón de conducta en el momento de la detención se repetía, sobre todo en casos de acusaciones de crimen organizado, ya fuera que interviniera la marina, el ejército, la policía federal, la Procuraduría General de la República», dijo el relator.
«En todos los casos el panorama era casi idéntico, es decir, tortura bastante severa con electricidad, ‘submarino’, y muchos golpes en los primeros momentos de la detención», según Méndez.
«La imagen que obtuvimos es esa, lo lamento decir porque no me lo esperaba francamente que fuera tan generalizada como es la palabra que usé», precisó Méndez a la AFP tras presentar su informe.
Durante el debate en la ONU, el embajador de México, Jorge Lomonaco, dijo que a la conclusión del informe no «corresponde con la realidad» y que tampoco «refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica una cultura de respeto a los derechos humanos».
La impunidad, un «aliciente» para la tortura
«La impunidad de la tortura y el maltrato es un aliciente para su repetición y agravamiento», resumió Mendez en su informe.
Para combatirla recomendó a México que apruebe una ley general «que contemple todas las obligaciones y garantías de la prohibición absoluta de la tortura», entre ellas la investigación, el juicio y la sanción rápida de actos de tortura, la reparación de las víctimas y que este tipo de delitos no prescriban. También recomendó eliminar definitivamente el llamado «arraigo», es decir la detención basada en una presunción pero sin pruebas firmes.
Méndez también solicitó a México que incluya en las investigaciones pendientes la denominada «guerra sucia» de los años 1960 y comienzos de los 1970, durante los que los gobiernos de entonces llevaron a cabo presuntamente una política de represión clandestina.
También pidió la suspensión administrativa inmediata de todos los funcionarios sujetos a investigación por tortura y malos tratos y que se documenten y sancionen los casos en que los jueces o fiscales no ordenan investigaciones de tortura de oficio al recibir denuncias o constatar posibles torturas.
