La Fiscalía de Brasil denunció a 27 personas por el escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras, entre quienes se encuentra el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari. Vaccari, quien en febrero había sido detenido durante varias horas para prestar declaraciones, fue acusado formalmente por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, según explicó ayer el Ministerio Público Federal (MPF) de Curitiba.
Entre los denunciados por la Fiscalía también se encuentra el exdirector de Servicios de Petrobras Renato Duque, quien volvió a ser arrestado durante un operativo de la Policía Federal (PF) en Río de Janeiro.
De acuerdo con la Fiscalía, Vaccari mantenía encuentros regulares con Duque supuestamente para convertir en donaciones legales de campaña al PT el dinero sucio producto del pago de sobornos a directores de Petrobras por parte de empresas constructoras. “Vaccari sabía que los pagos eran realizados a título de coima”, dijo el fiscal Deltan Dallagnol, durante una rueda de prensa celebrada en Curitiba.
Acusados. La nueva denuncia presentada se refiere a desvíos de dinero realizados en cuatro obras de Petrobras, mayor empresa de Brasil y uno de los motores productivos del país. Entre los 27 denunciados por nuevos supuestos delitos figuran personas que ya están acusadas ante la justicia federal por este gigantesco escándalo, como el exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa, el antiguo gerente del departamento de Servicios de Petrobras Pedro Barusco y ejecutivos de diversas constructoras del país.
La anterior semana, ante una Comisión Parlamentaria de Investigación en la Cámara de Diputados, Barusco ratificó que los precios de “muchos” de los contratos de obras entre la petrolera y otras empresas eran inflados y que las diferencias se repartían entre directores de Petrobras y “agentes políticos” representados por Vaccari.
Tras la acusación de Barusco, el PT negó haber ingresado dinero sucio y subrayó que apenas recibe donaciones legales que son debidamente declaradas a la justicia electoral.
La operación Lava Jato, la mayor investigación de corrupción y lavado de dinero de Brasil, cumple hoy un año, periodo en el que la Fiscalía ha propuesto 20 acciones criminales contra 103 personas acusadas de corrupción, lavado de dinero, tráfico internacional de drogas y delitos contra el sistema financiero nacional, entre otros. El escándalo marcó parte de la agenda política y fue uno de los motivos de las marchas opositoras el domingo.
El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió una investigación contra 50 políticos de varios partidos, entre ellos Vaccari y los presidentes de las dos cámaras legislativas, sobre su posible vinculación con el dinero involucrado en el escándalo de Petrobras. La presidenta Dilma Rousseff, que fue blanco de las protestas el domingo, dijo que en democracia “se respetan las urnas y la voz de las calles”.
Durante la sanción de un nuevo código de proceso civil, Rousseff subrayó que la ausencia de incidentes en las protestas son “una inequívoca prueba de que Brasil es un país democrático que, a diferencia de otros, convive pacíficamente con manifestaciones”. En relación a las demandas manifestadas en las protestas, la jefa de Estado reiteró que esta semana presentará un nuevo conjunto de medidas para reforzar el combate a la corrupción.
Gobierno, tras diálogo
Obligación
“El Gobierno tiene la obligación de abrir el diálogo”, dijo Dilma Rousseff en conferencia de prensa en Brasilia.
Antigüedad
Rousseff, cuestionada el domingo, dijo: “La corrupción no nació hoy, es una señora que tiene muchos años”.
