La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció hoy diversas medidas que someterá al Congreso con la meta de reforzar el combate a la corrupción, un mal encarnado en el país y que ahora se ha cebado con la petrolera estatal Petrobras.
«Esto representa otro paso decisivo para ampliar la capacidad del Estado de prevenir y combatir a la corrupción y la impunidad», dijo Rousseff en un acto celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, frente a todo su gabinete y miembros de los tres poderes de la Nación.
Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos políticos para sus campañas, una práctica que hasta ahora sólo es considerada una infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.
«Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias», declaró Rousseff, cuyo Gobierno fue blanco el pasado domingo de multitudinarias protestas contra la corrupción y también por la delicada situación económica del país.
Otras medidas proponen reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas.
También se propone extender a todos los empleados públicos del país una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si responden a algún proceso ante los tribunales o han sido declarados culpables de delitos contra el patrimonio público o de tipo penal.
Asimismo, se pide revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que se abran investigaciones judiciales en todos los casos en que los bienes declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes a sus niveles de ingreso.
Otra de las medidas anunciadas reglamenta una ley contra la corrupción ya aprobada en las cámaras y referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público.
Esa medida en particular puede afectar directamente a 18 empresas privadas contra las que la Contraloría General ha iniciado sendos procesos administrativos por su supuesta participación en la red de corrupción descubierta en Petrobras.
Por ese escándalo también están bajo investigación 50 políticos, en su mayoría de la base de apoyo a Rousseff y entre quienes figura el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, por supuestas maniobras para obtener dinero de Petrobras para las campañas electorales de esa formación.
«Mi compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica política y mi actuación como presidenta», dijo Rousseff, quien apuntó que el Estado tiene la «obligación de investigar y castigar la corrupción de una forma rápida y efectiva», incluso para «garantizar la protección de los inocentes».
Rousseff, como ha hecho en los últimos días, sobre todo después de las masivas protestas del pasado domingo, agregó que «todos los brasileños», incluso aquellos que no la respaldan, «saben que la corrupción no fue inventada recientemente», pero insistió en que su Gobierno hará lo que esté «a su alcance» para combatirla.
