La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acuciada por masivas protestas, un escándalo en la estatal Petrobras y una estrepitosa caída de su popularidad, presentó nuevas medidas para endurecer el combate a la corrupción y la impunidad. “Mi compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica política y mi actuación como presidenta”, dijo Rousseff, para quien el Estado tiene el deber de “investigar y castigar la corrupción de forma rápida y efectiva”, incluso para “garantizar la protección de los inocentes”.
Por las corruptelas en Petrobras, que salpican también a 18 empresas privadas, están bajo investigación 50 políticos, entre los que figura el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, por supuestas maniobras dirigidas a obtener dinero de la estatal para financiar campañas de esa formación.
Una de las medidas anunciadas, que como las otras, dependerá de la aprobación del Congreso, va en esa dirección y tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas, una práctica que hoy solo es considerada como infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.
“Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias”, declaró Rousseff, cuyo gobierno fue blanco el pasado domingo de multitudinarias protestas contra la corrupción y también por la delicada situación económica del país.
Otra de las medidas anunciadas reglamenta una ley contra la corrupción ya aprobada en las cámaras y referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público. Rousseff dijo que “todos los brasileños”, incluso aquellos que no la respaldan, “saben que la corrupción no fue inventada recientemente”.
CAíDA. Rousseff fue reelegida en octubre en segunda vuelta con un 51,6% de los votos, frente al 48,3 % que obtuvo el senador opositor Aécio Neves, pero su popularidad ha caído. Esa tendencia fue confirmada por una encuesta difundida por el instituto Datafolha, según la cual la tasa de aprobación del Gobierno ha caído al 13%, un mínimo histórico para una gestión que aún no tiene ni tres meses.
Datafolha apuntó que ese índice solo supera en cuatro puntos porcentuales al 9% que tenía el gobierno de Fernando Collor de Melo en septiembre de 1992, unos meses antes de que renunciara debido a escándalos de corrupción por los que enfrentaba un juicio político en el Congreso.
