El gran volumen del expediente del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México ha impedido a los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) poder revisarlo por completo y por eso hoy se negaron a emitir conclusiones al respecto.
Sin embargo, sí pidieron al Gobierno mexicano que continúe con la búsqueda de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dado que la fiscalía mantiene abierta la investigación del caso.
«Se sigue trabajando en esa investigación. Se siguen practicando los dictámenes periciales y se sigue recibiendo información, lo cual saludamos desde el punto de vista de que la investigación sigue y continúa y no se ha detenido», aseguró Ángela Buitrago, miembro del equipo designado por la CIDH.
En una rueda de prensa en la capital mexicana, el grupo interdisciplinario de expertos independientes enviados por la CIDH ofreció las conclusiones de su primera visita al país, pero no se atrevió a opinar sobre la investigación del caso ni sobre la conclusión emitida en enero por el entonces fiscal, Jesús Murillo.
Según la versión oficial, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Los padres de las víctimas se niegan a creer esa versión y exigen la aparición de los estudiantes con vida y que se investigue la supuesta participación del Ejército en los hechos de Iguala, sobre la que han aparecido denuncias pero no se han presentado hasta ahora pruebas.
Por este caso hay detenidas más de un centenar de personas, pero los familiares se resisten a que el caso se cierre, una opinión con la que están de acuerdo los expertos de la CIDH.
«Lo que nosotros estamos pidiendo es que esas acciones de búsqueda continúen porque todavía no tenemos esa certeza de qué ha pasado con el conjunto de los 43 normalistas y sigue siendo una demanda presente y fehaciente también de los familiares y creemos que hay que dar respuesta a esa cuestión», dijo por su parte el experto español Carlos Beristain.
Los especialistas aseguraron que si bien han tenido acceso al expediente, este no está digitalizado, por lo que no han tenido tiempo de examinarlo todo, así que no quisieron dar todavía ningún tipo de conclusión.
«Hasta que no tengamos nuestra propia visión del caso no vamos a decir más cosas», apuntó Beristáin, quien agregó que emitirán una conclusión hasta tener su «propia visión», no la «de otros actores», ya sea instituciones o representantes de las víctimas.
Una de las exigencias principales de los peritos al Gobierno es que el caso sea tratado como desaparición forzada y que, por tanto, el proceso de búsqueda continúe y sea centralizado en la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
«Creemos que para el proceso de búsqueda todas las autoridades que tengan información tienen que aportarla», dijo en nombre de la misión el chileno Francisco Cox, quien insistió en que la PGR tiene que ser la que utilice esos datos para conducir la búsqueda.
El hecho de que el caso sea tratado como «una desaparición forzada», es «muy relevante a nivel internacional» y además supone que el delito sea imprescriptible.
El equipo, también integrado por la guatemalteca Claudia Paz y el colombiano Alejandro Valencia Villa, fue conformado en virtud de un acuerdo firmado a finales de 2014 entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los representantes de los familiares de los jóvenes, y su objetivo es dar asistencia técnica en el caso.
El grupo también constató que la investigación de los normalistas llevó a descubrir decenas de cuerpos de personas en fosas clandestinas en las inmediaciones de Iguala, por lo que estimó importante contar con un mapa de fosas actualizado.
