La fiscal Cristi Rosi Morales presentó hoy una denuncia por presunto lavado de activos contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), a raíz de las investigaciones por las compras inmobiliarias hechas por su suegra, Eva Fernenbug, en 2013.
Morales, titular de la primera fiscalía especializada en lavado de activos, presentó la denuncia contra Toledo ante el 16 juzgado penal, a cargo del magistrado Abel Concha, confirmó a Efe una fuente de la Fiscalía de la Nación.
La acusación comprende además a su esposa, Eliane Karp; a Fernenbug, al empresario Joseph Maiman y a su exjefe de seguridad Avi Dan On, entre otros, según detalló RPP Noticias.
A inicios de este mes, el Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, separó de su cargo al fiscal Marco Cárdenas, que investigaba hasta ese momento a Toledo por lavado de activos, por haber manejado en estado de ebriedad en febrero pasado.
Sin embargo, Cárdenas había señalado previamente que los resultados de la investigación contra Toledo iban a ser publicados en marzo, aunque su salida podía diferir esa resolución.
Toledo y Karp son investigados desde 2013 por las millonarias compras inmobiliarias hechas por la madre de Karp, Eva Fernenbug, con dinero de la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica en sociedad con Joseph Maiman.
Fernenbug, una ciudadana belga de 86 años, fundó Ecoteva en 2012 y, según un reporte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), con fondos de esa compañía se pagaron las hipotecas de una casa del expresidente en Lima y de otra en el balneario norteño de Punta Sal.
La suegra de Toledo también compró con dinero de Ecoteva una casa y una oficina en Lima por un valor cercano a los 5 millones de dólares, en negociaciones en las que supuestamente el exmandatario intervino, según el reporte.
Toledo había pedido archivar la investigación y subrayó que esas pesquisas no impedirían que su partido, Perú Posible, participe en las elecciones generales de 2016.
La Fiscalía peruana consideró el año pasado que ni Toledo ni Karp habían incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito, pero ordenó que se realizaran pesquisas por presunto lavado de activos, una opinión similar a la que llegó una comisión investigadora del Congreso.
