Una segunda gran protesta contra la mandataria Dilma Rousseff y el gigantesco desvío de fondos descubierto en la estatal Petrobras promete sacudir hoy el poder político y sacar a las calles de todo Brasil a una multitud harta de la corrupción.
Los organizadores esperan convocar a más de un millón de personas en más de 400 ciudades. La primera protesta del 15 de marzo reunió a más de 1,7 millones, según la Policía, aunque las cifras de Sao Paulo fueron cuestionadas por la encuestadora Datafolha.
“El principal objetivo es obtener la destitución de Rousseff, o su renuncia”, dijo el politólogo Fabio Ostermann, uno de los líderes del Movimiento Brasil Libre (MBL) que organiza las protestas. “La elección no da a la Presidenta un salvoconducto para hacer lo que quiera. Su omisión con el escándalo en Petrobras la coloca en una situación de mucha irresponsabilidad (…). El cargo de Presidente de la República debe estar por encima de cualquier sospecha”.
“Además, Rousseff practicó un estelionato electoral flagrante: en el periodo electoral advirtió sobre desvíos si su adversario era electo, que aumentaría la cuenta de luz, que aumentaría el precio de la gasolina, que retiraría derechos laborales (…) cuando en realidad quien ha hecho eso es ella”.
Los expertos jurídicos aseguran que no hay elementos que permitan la destitución de Rousseff. Otro grupo detrás de las protestas, Vem Pra Rua, no pide su impeachment.
La Mandataria está con la popularidad casi por el piso, pese a que prometió más diálogo y envió al Congreso un paquete de medidas para luchar contra la corrupción. Ocho de cada diez brasileños creen que Rousseff estaba al tanto de la corrupción en Petrobras, según Datafolha, aunque ella lo niega. La aprobación a su gestión cayó 33 puntos a apenas 19%, de acuerdo con el último sondeo Ibope, lo que también se explica por el casi estancamiento de la economía y el alza de la inflación.
Trece senadores, 22 diputados, dos gobernadores, el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y exfuncionarios del Poder Ejecutivo son investigados por su presunta participación en una red de corrupción y sobornos en Petrobras que movió unos $us 4.000 millones en la última década.
Rousseff recurre a su aliado
Partido
La mandataria Dilma Rousseff intenta calmar la tormenta política con su principal aliado político, el PMDB (centro), y con ese fin concedió el martes a su vicepresidente Michel Temer, que pertenece a ese frente, el rol de articulador político entre el Gobierno y el Congreso.
Millones
Tanto el presidente de la Cámara de Diputados como del Senado pertenecen al PMDB, y ambos son investigados por corrupción en Petrobras, un caso que movió unos $us 4.000 millones.
