Miles de estudiantes coparon la céntrica avenida Alameda de Santiago, en una multitudinaria marcha convocada en contra de la forma en que se está implementando la reforma educativa, pero también en reclamo de los casos de corrupción que remecen la política chilena.
Con miles de pancartas, banderas y al son de los tambores, los estudiantes volvieron a salir a las calles pero esta vez no sólo los convocó la reforma educativa, sino además la indignación por los casos de corrupción destapados recientemente.
«Estamos por lo que sale en las noticias de la corrupción sobre Soquimich, el caso Penta, por eso estoy aquí para protestar», dice a la AFP María Paz, cuando avanzada con la marcha frente al palacio de gobierno.
Entre las miles de pancartas, una que pedía «que se vayan todos…» sobresalía del resto, como reflejo de la indignación que rodea a los estudiantes.
«Creo que sería lo mejor que se fueran, porque si no van a hacer reformas para quedarse ahí y seguir haciendo lo mismo siempre», agrega la joven estudiante.
En enero, después de un año de duro trámite legislativo, la presidenta Michelle Bachelet logró aprobar la primera parte de la reforma educacional que le valió la reelección. En ella, se establece el fin a la selección de estudiantes y la obtención de ganancias en escuelas públicas.
Pero mientras celebraba esta aprobación, estalló un caso de supuesta corrupción que involucra a su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su esposa Natalia Compagnon, por una millonaria compra y venta de terrenos.
Ambos son investigados por el eventual «uso de información privilegiada» y «tráfico de influencia», tras la obtención de un crédito por 10 millones de dólares destinados a la compra de unos terrenos que luego vendieron en 15 millones, por un proyectado cambio en el uso de suelos. Dos de los empresarios más influyentes del país, Carlos Délano y Carlos Lavín, están presos además desde hace más de un mes en el denominado «caso Penta», que investiga delitos tributarios, sobornos y financimiento ilegal de políticos.
Tras el Penta estalló el «caso Soquimich», donde se investiga a esta minera controlada por el exyerno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), también por delitos tributarios y financiamiento ilegal de políticos.
Bachelet ha comprometido para 2016 la gratuidad universal a nivel universitario, pero el proyecto de ley aún no ingresaba al Congreso.
