La presidenta chilena, Michelle Bachelet, firmó ayer un proyecto de reforma constitucional que establece la pérdida de cargos públicos por infringir las normas de gasto y transparencia electoral.
La medida, que se enmarca dentro de una serie de iniciativas para enfrentar la crisis provocada por casos de financiación irregular de campañas políticas que está investigando la justicia, será aplicada a partir de las próximas elecciones.
“Con esta reforma estamos custodiando la legitimidad de la democracia”, dijo Bachelet al presentar la iniciativa en el Palacio de La Moneda. “Esta confianza se ve dañada con casos como los que hemos visto en el último tiempo. Debemos frenar de raíz las acciones que se han ido enquistando”, expresó.
Los llamados casos Penta y Soquimich han dejado al descubierto aportes irregulares de empresas a políticos a través de boletas de honorarios y facturas pagadas por servicios nunca prestados. Las acusaciones de financiación fraudulenta han salpicado a actores de distintas tendencias del espectro político chileno en el último tiempo.
Bachelet recalcó que Chile requiere determinar claramente cuáles son las fronteras entre la política y los negocios, para frenar prácticas de corrupción y faltas a la ética. “Al mismo tiempo, Chile necesita reglas claras para el financiamiento de campañas y sanciones ejemplarizadoras para aquellos candidatos que no cumplen la ley”, agregó la Mandataria.
