La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó hoy una agenda de probidad y transparencia con la que busca superar la crisis que afecta a la política chilena tras desvelarse varios casos de corrupción.
La agenda, según anunció Bachelet en La Moneda, incluye catorce medidas administrativas que entrarán en vigor en las próximas dos semanas y dieciséis proyectos de ley e indicaciones legislativas que ingresarán al Congreso en los próximos 45 días.
Entre estos últimos destacó una nueva ley de partidos políticos, una reforma que da autonomía al Servicio Electoral (Servel) y la tipificación y sanción de los delitos de corrupción y cohecho.
La política chilena ha caído en el descrédito y la popularidad de Bachelet se ha desplomado a menos del 30 por ciento tras descubrirse la financiación ilegal de campañas políticas por parte de empresas que aportaban dinero pagando honorarios por servicios inexistentes, justificados con boletas falsas que además se usaban para rebajar impuestos.
La propia Bachelet ha sido salpicada, tras salir a la luz la implicación de su hijo, Sebastián Dávalos, en un oscuro negocio inmobiliario que le reportó una millonaria ganancia y que es investigado por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Las medidas anunciadas por Bachelet incluyen en el currículum educacional obligatorio la formación en educación cívica, la creación del Defensor Ciudadano (Ombusman), el fortalecimiento del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y la limitación de la reelección de los parlamentarios.
Figuran además indicaciones a proyectos de ley ya en trámite legislativo, entre ellos el relativo al fortalecimiento y transparencia de la Democracia, a la creación de una Dirección General de Concesiones, a la Comisión de Valores y el envío al Legislativo de un proyecto sobre gestión y profesionalización del personal municipal.
El fortalecimiento de la Alta Dirección Pública, el envío de proyectos para regular los conflictos de interés, la especulación en los cambios de uso de suelo, los gobiernos corporativo de las sociedades anónimas, la ética corporativa y la protección de datos personales también deberán concretarse antes de 45 días, señaló Bachelet.
Entre las medidas administrativas de corto plazo, la mandataria destacó la publicación de la lista de lobistas registrados y un código de buenas prácticas en esa materia, así como el desarrollo de un sistema preventivo contra el lavado de dinero y la corrupción en los servicios públicos.
Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un plan de formación ciudadana e incorporar la educación cívica en tercer y cuarto año de enseñanza media.
Se suman un instructivo presidencial sobre declaración de patrimonio e intereses, instrucciones a los municipios para el uso adecuado de sus recursos, hacer obligatorio el portal «Empleos públicos» y perfeccionar la normativa reglamentaria de Compras Públicas, para fortalecer las exigencias de probidad.
También Bachelet mencionó la necesidad de difundir el catálogo de Inhabilidades e Incompatibilidades para cargos de elección popular y la implementación de la «Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas», junto a la elaboración de directrices generales que orienten los códigos de ética de los servicios públicos.
Asimismo, destacó modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, mejoras en los procesos de aprobación e información de los planes reguladores y cambios al reglamento de Concesiones de Obra Públicas.
