El presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó hoy que no se encuentra preocupado por lo que pueda declarar su exasesor Martín Belaunde Lossio, extraditado el viernes desde Bolivia tras un año prófugo de la justicia peruana, que le investiga por delitos de corrupción.
Tras supervisar las obras de ampliación de un hospital en Lima, Humala reiteró a los medios locales que a Belaunde no se le investiga por haber sido su colaborador durante la campaña del Partido Nacionalista para las elecciones presidenciales del año 2006.
El mandatario peruano recordó que a Belaunde se le acusa de los presuntos delitos de peculado (apropiación indebida de caudales públicos) y asociación ilícita en el caso de «La Centralita», una oficina desde donde se ejercía un presunto espionaje a opositores políticos del presidente regional de Áncash, César Álvarez.
También se le atribuye un presunto delito de lavado de activos al gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.
Ollanta Humala anunció que su Gobierno colaborará con la justicia peruana si «ve conveniente» agregar el delito de lavado de activos a los cargos de la extradición.
«Primero queríamos finiquitar el proceso de extradición, y después agregar otros cargos conforme las instancias o poderes del estado así lo crean conveniente. Lo importante era traerlo», indicó Humala.
La Corte Superior de Justicia de Perú ya declaró procedente el 25 de marzo un segundo cuadernillo de extradición para añadir el lavado de activos al primer documento, que contemplaba el peculado y la asociación ilícita para delinquir.
El presidente peruano consideró que el proceso de extradición de Belaunde desde Bolivia se realizó «en un tiempo récord», comparado a otros como el del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que demoró alrededor de dos años.
Belaunde Lossio fue capturado el jueves cerca de la frontera de Bolivia con Brasil, cuatro días después de fugarse del arresto domiciliario en el que permanecía en La Paz, a donde llegó en diciembre tras pasar siete meses en paradero desconocido para evitar una orden judicial de prisión preventiva por 18 meses.
Con su fuga, Belaunde trataba de evitar su extradición a Perú, que ya había sido aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, después de que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) le negara su condición de refugiado como perseguido político.
