Sin importar las siglas de su partido, los candidatos a las elecciones mexicanas del domingo 7 llevan semanas sufriendo ataques y asesinatos, en unos comicios amenazados de boicot por parte de los sindicatos de maestros y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.
Pese a que los mensajes del Gobierno mexicano buscan reflejar normalidad, como cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, negó hace unos días que el Ejecutivo se haya visto rebasado por la violencia y aseveró que el país “no está en llamas”, los ataques han hecho saltar las alarmas.
El propio secretario reconocía que al menos 20 candidatos están recibiendo protección por parte de las autoridades y admitía la imposibilidad de otorgarla a los miles de postulantes que se presentan a los 1.996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados.
Estados. Ya en la precampaña, la precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del municipio guerrerense de Ahuacuotzingo, Aidé Nava, era secuestrada y decapitada. Días después, la aspirante a diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Pérez, y su asistente sufrieron una agresión en Morelos, cuando fueron encañonados.
En abril, el postulante a la alcaldía del Partido Social Demócrata (PSD) del estado de Morelos, Mauricio Lara, fue atacado a balazos y el candidato a gobernador del Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero, Luis Walton, fue encañonado junto con su equipo de campaña en un municipio de Chilapa.
El aspirante a la alcaldía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de este municipio, Ulises Fabián, era asesinado el 1 de mayo. El 14, Enrique Hernández, candidato a la Alcaldía de Yurécuaro por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) era asesinado y, una jornada después, fallecía otro postulante del PRI a regidor en el municipio de Huimanguillo, Héctor López Cruz.
La pasada semana fueron dos los fallecidos. En Puebla, José Salvador Méndez, asesor de campaña del candidato priísta a diputado federal, Lorenzo Rivera Sosa. Y en la Ciudad de México Israel Hernández, coordinador de la candidata a diputada local del PRI, Aida Beltrán, moría en un tiroteo.
Han sido muchos los que no han aguantado y se han tenido que retirar de la campaña por amenazas, como el candidato a diputado federal del Movimiento Ciudadano en el estado de Sinaloa, Gerardo Brambilla, o la postulante a la alcaldía de un municipio de Guerrero de Morena, Valentina Rosendo.
Pero no son solo las actuaciones del narco lo que tensa el proceso electoral. El llamamiento al boicot por parte de sindicatos de maestros y de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala hace temer que la violencia se incremente.
En el estado de Guerrero, los padres exigieron que no se celebraran los comicios por la falta de condiciones, debido a la alta violencia, opción desechada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Ayer un progenitor resultó herido en enfrentamientos con uniformados.
Otro de los estados más candentes es el sureño Oaxaca, donde miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han anunciado que planean tomar instalaciones del INE para evitar la celebración de los comicios. Los maestros bloquearon ayer el aeropuerto internacional.
Hay más problemas
Asesinatos
De acuerdo con expertos de México, se ha registrado un incremento significativo de la violencia en relación con los procesos electorales celebrados en 2012 y 2009, cuando ya se produjeron algunos asesinatos de candidatos.
