El presidente de Ecuador, Rafael Correa, resolvió ayer dar marcha atrás «temporalmente» en sus proyectos para subir los impuestos a las herencias y a la plusvalía, tras una semana de fuertes protestas que exigen su salida del poder. En un mensaje a la nación, el mandatario afirmó que desistió de seguir adelante con el trámite legislativo de las propuestas -rechazadas por grupos empresariales, alcaldes y sectores ricos y de clase media- para preservar el «ambiente de paz» previo a la visita que realizará a Ecuador el papa Francisco entre el 5 y 8 de julio.
«Para evitar que estos grupos provoquen más violencia (…) he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional» sobre estas iniciativas, declaró Correa.
El presidente, quien más temprano había retado a la oposición que exige su salida a convocar a un referendo revocatorio, agregó que retomará o archivará definitivamente los proyectos luego de que sean discutidos ampliamente.
El mandatario no fijó un plazo para definir el futuro de estos proyectos que desataron fuertes protestas en varias ciudades al grito de «¡Fuera Correa, fuera!».
Empuñando banderas negras en señal de rechazo, miles de ecuatorianos se han volcado a las calles desde el pasado lunes para repudiar propuestas que consideran un castigo al patrimonio familiar y al éxito económico en una sociedad de tradición conservadora.
El oficialismo también movilizó a miles de seguidores durante los últimos días. La policía informó de algunos altercados entre manifestantes, pero no dio una cifra exacta de heridos o detenidos.
Cuba expresó este lunes su solidaridad «firme e irrestricta» con Correa e instó «a respetar el ordenamiento jurídico» de Ecuador.
Por su lado, el presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo que Correa -su aliado en el marco del llamado socialismo del siglo XXI- saldrá «fortalecido» de lo que denunció como «una conspiración».
«Batalla ganada»
El mandatario desató el descontento con su llamado proyecto para la «redistribución de la riqueza», que planteaba un aumento progresivo del impuesto a las herencias a partir de los 35.400 dólares, es decir, que a mayor patrimonio mayor tributo al Estado. Hoy, los patrimonios familiares pagan tributos graduales a partir de los 68.800 dólares.
Otra de las iniciativas que es rechazada en las calles fija nuevos impuestos a la plusvalía, la ganancia extraordinaria que adquieren terrenos privados por inversiones estatales.
Dominado por el oficialismo, el Congreso preveía votar en julio la ley relacionada con las herencias.
Tras el mensaje de Correa, la oposición reivindicó un triunfo político.
«Un abrazo por esta batalla ganada por las familias ecuatorianas. Ustedes son los protagonistas, hay que seguir luchando por su libertad», escribió en Twitter el exbanquero y excandidato presidencial Guillermo Lasso, quien el viernes reunió a miles de manifestantes contra Correa en Guayaquil (suroeste).
No obstante, el alcalde de esa ciudad, Jaime Nebot, acusó al presidente de estar «engañando» a los ecuatorianos al anunciar el retiro temporal de los proyectos. «Ahora a marchar con más ganas, no sólo contra el atropello, sino contra el engaño. El 25 (de junio) Guayaquil protesta», dijo también por Twitter.
Correa, de su lado, insistió en que más allá del rechazo a los proyectos de ley los grupos opositores «buscaron derrocar e incluso atentar contra el presidente».
«¿Quieren sacar al presidente? ¡Háganlo democráticamente!, constitucionalmente, pidan el referéndum revocatorio (…) y nos veremos en las urnas para derrotarlos nuevamente», afirmó.
La Constitución de Ecuador de 2008 -impulsada por el mandatario- prevé la convocatoria de un referendo revocatorio del presidente apoyado en la recolección de firmas. La norma establece como requisito el 15% del registro electoral (unas 1,8 millones de rúbricas) para dar paso a la consulta.
El líder izquierdista de 52 años, quien en abril tenía una popularidad del 55% según una encuesta privada, obtuvo en las pasadas elecciones el 57,2% de la votación (4,9 millones de sufragios) frente a una oposición variopinta que llegó desunida a los comicios. El presidente, en el poder desde 2007, aguarda la aprobación de una enmienda constitucional para decidir si se presenta a su tercer período de cuatro años.
