Un tribunal egipcio confirmó hoy la pena de muerte contra el derrocado expresidente islamista Mohamed Mursi por evadirse de prisión y por ataques contra la policía durante la revuelta de 2011.
Poco antes, el mismo tribunal había condenado a Mursi, primer presidente elegido democráticamente en Egipto, a cadena perpetua por «espionaje». Y el 21 de marzo, en un primer juicio, fue condenado a 20 años de prisión por incitación a la violencia contra manifestantes en 2012. La pena de muerte en este tercer proceso fue confirmada después de que el tribunal consultara al gran muftí, la mayor autoridad religiosa del país en la interpretación de la ley islámica, al que el gobierno otorga un rol consultivo.
Los veredictos de los tres primeros juicios (le esperan otros dos), fueron pronunciados en primera instancia y pueden ser recurridos.
El tribunal de El Cairo, ubicado dentro de una academia de policía bajo alta vigilancia, condenó a muerte a Mursi por evadirse de prisión durante la revuelta populal de enero y febrero de 2011 que puso fin a 30 años de presidencia de Hosni Mubarak, pero también por «haber planificado ataques contra el Estado con la colaboración del Hamas palestino y del Hezbolá libanés». En el proceso por espionaje, que le valió la cadena perpetua – reducida a 25 años de prisión en Egipto-, el juez confirmó las penas de muerte pronunciadas el 16 de mayo contra 16 personas, de las cuales dos altos dirigentes de los Hermanos Musulmanes de Mursi: el riquísimo empresario Khairat al Chater y Mohamed al Beltagui.
Otras 16 personas, entre ellas el guía supremo de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badi, y el expresidente del parlamento, Saad al Katatni, fueron sentenciados a cadena perpetua. Dos más fueron condenados a siete años de prisión. Badie también fue condenado a muerte en el proceso por «espionaje».
El expresidente y 34 coacusados fueron encontrados culpables de haber suministrado «informes de seguridad» a Irán y de espionaje a favor de Hamas y Hezbolá «con el objetivo de llevar a cabo ataques terroristas en el país para sembrar el caos y acabar con el Estado».
Desde que Mursi fuera derrocado por el exjefe del ejército y actual presidente Abdel Fatah al Sisi, sus partidarios han sido duramente reprimidos. Al menos 1.400 manifestantes islamistas han muerto, más de 40.000 han sido arrestados y cientos, condenados a muerte en juicios sumarios y expeditivos, calificados por la ONU como «sin precedente en la historia reciente» del mundo. La represión se extendió a los movimientos laicos y de izquierda, punta de lanza de la revuelta de 2011 que echó a Mubarak del poder, y que son objeto de detenciones arbitrarias, según organizaciones de defensa de derechos humanos. Decenas de manifestantes han sido condenados a penas de prisión por violar una controvertida ley que limita el derecho a manifestación.
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la «casi total impunidad» que tienen las fuerzas de seguridad bajo el presidente Abdel Fatah al Sisi.
Los defensores de derechos humanos acusan a Al Sisi de instaurar un régimen aún más represivo que el de Hosni Mubarak y denuncian las «flagrantes violaciones» de derechos humanos cometidas por su gobierno.
