Cuatro políticos opositores chilenos fueron acusados ayer por fraude tributario cometido para financiar sus campañas electorales, en el primer día de un “desfile” de políticos que se espera pasen por los tribunales. De los involucrados, uno es un senador en ejercicio, Iván Moreira, y otro el diputado Felipe de Mussy. También fueron acusados el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett y Jovino Novoa, fundador del ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de oposición.
Al final de una audiencia que se extendió por casi ocho horas, Moreira y De Mussy quedaron “imputados por delitos tributarios”, pero por poseer fuero parlamentario no se le aplicaron medidas cautelares. Al final de la investigación, si el juez los acusa de los delitos debería someterse a una audiencia de fuero para luego someterse a la justicia ordinaria.
Durante la audiencia, el fiscal nacional Sabás Chaguán, que de forma inédita lleva adelante esta investigación por la relevancia de los involucrados, describió la forma ilícita en que los políticos operaban para recabar recursos de empresas privadas. En este caso, del grupo Penta y la minera Soquimich, dos de los principales grupos económicos del país. La forma era la misma en todos los casos: los políticos entregaban a estas empresas boletas por servicios no prestados a cambio de recursos para financiar sus campañas.
Se estima que una decena de otros políticos, tanto del oficialismo como de oposición, debería acudir a una audiencia similar.
